Ser una persona dependiente en Canarias es aún más complicado que en el resto del país. El Archipiélago es la única comunidad donde la lista de espera para recibir las ayudas del Gobierno supera al número de beneficiarios. Se trata de un total de 12.813 canarios que, aunque tienen derecho a recibir la prestación, aún esperan a que les llegue su turno. Las Islas son, además, la región con menor porcentaje de dependientes beneficiarios en relación al total de la población, con menos valoraciones hechas y con menos solicitudes tramitadas. Los suspensos en materia de dependencia alarman a las asociaciones isleñas que reclaman "un cambio urgente" en la forma de proceder de la administración.
En Canarias hay 24.383 personas con derecho a recibir una prestación, pero el Gobierno solo atiende a 12.813, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad a fecha del 31 de julio. Este 52,55% de dependientes a la espera supone el mayor porcentaje de todo el país, muy lejos de regiones como Andalucía, Cataluña y Madrid, donde el número de beneficiarios duplica a la lista de espera. El resto, los 11.570 canarios que ya son atendidos por la administración, han sido incorporados al sistema de dependencia según la gravedad de su estado.
Las nuevas cifras que maneja el Ministerio de Sanidad revelan que el Archipiélago es la región con menos personas beneficiarias con prestación en relación a su población. En concreto, los dependientes isleños que reciben ayuda suponen solo el 0,55% del total, muy distanciado del 2,52% de Cantabria, el 2,41% de Castilla y León o el 2,16% de La Rioja. El número de valoraciones que el Gobierno autonómico ha realizado a las personas dependientes de las Islas es, también, la cifra más baja del país, unos 29.828.
Además, las 39.492 solicitudes tramitadas en Canarias ocupan la parte baja del ranking, muy alejadas, por ejemplo, de las 396.037 de Andalucía.
En el conjunto del país, los nuevos datos dibujan un panorama, aunque deficitario, algo más halagüeño que en el Archipiélago. En España hay un total de 947.903 dependientes, de los que 742.455 reciben la prestación y 205.448 llenan las listas de espera. Andalucía con 175.556 beneficiarios, Cataluña con 137.933 y Madrid con 79.766 son las regiones con mejores notas en materia de dependencia. Junto a Canarias, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana son las autonomías peor situadas.
Una de las directrices marcadas desde el Gobierno central a las comunidades autónomas es que apuesten por prestar servicios (residencias, centros de día, ayuda a domicilio...) en lugar de conceder pagas económicas a los dependientes. Y es que los presupuestos para dependencia han sufrido recortes en los últimos años y a la administración autonómica le resulta más caro conceder una ayuda mensual para pagar a un cuidador familiar que utilizar los centros y recursos de los que dispone para atender a los dependientes.
Sin soluciones
Las asociaciones canarias ya no pueden hacer frente a tanto recorte. "Se tiran la pelota de unos a otros, tanto entre Gobierno y Cabildo como entre el Ejecutivo regional y central, y mientras nosotros esperamos por una solución", asegura el presidente de la Sociedad Canaria para los cuidados socio-sanitarios a personas en situación de dependencia (Acauxi), Francisco Ramírez. Esta asociación isleña reconoce que no hacen si no toparse con trabas una y otra vez. "La actual ley de dependencia lo que está haciendo es alargar en el tiempo la necesidad de darle respuesta a esa necesidad", afirma Ramírez.
Acauxi atiende, en la actualidad, a 100 casos en Gran Canaria, 80 en Tenerife y siete en la Gomera. Sobre todo, se encargan de realizar actividades de formación, facilitar la integración laboral de los dependientes, hacer voluntariado y asesorar. "La situación económica cada vez es peor y muchas familias tienen que prescindir del centro o de las ayudas porque no tienen dinero", asegura su presidente. Ramírez tiene claro que tanto el Gobierno central como el autónomo "deben tomar decisiones de forma urgente porque si no esto va a ser un caos".
De su misma opinión es la directora técnica de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afate), Inmaculada Rodríguez. "La ley de dependencia actual puede tardar más de un año en evaluar un caso y adjudicarlo, demasiado tiempo para una persona con demencia", explica Rodríguez. La directoria critica que a un enfermo de alzheimer se le establezca un grado uno cuando su evolución es imparable. "La administración nos está imposibilitando a atender a esas personas cuando de verdad lo necesitan y no cuando ya no se puede hacer nada porque la enfermedad está demasiado desarrollada o incluso porque la persona ya ha fallecido", concluye Rodríguez.
Fuente: laopinion.es
