La Unión Europea (UE) cuenta actualmente con casi seis millones de personas que padecen demencia, una cifra que, según las estimaciones de los expertos, se duplicará en los próximos veinte años como consecuencia del envejecimiento de la población.
Así se desprende del Documento Sitges 2009, que mañana será presentado en Salamanca y que ha sido elaborado por el Grupo de Trastornos cognitivos y de la Conducta de la Sociedad Española de Neurología (SEN) en colaboración con abogados, notarios, magistrados, neurólogos, especialistas en bioética y trabajo social, y representantes de los pacientes.
El trabajo surge, en palabras de la neuróloga y coordinadora del Documento Sitges, Mercé Boada, ante el creciente envejecimiento de la población y el incremento de la prevalencia de la demencia en los países de la UE.
Así, la nueva edición de esta publicación -el primer documento fue presentado en 2005- tiene como objetivo defender al paciente con demencia en cualquier situación, analizar su capacidad para tomar decisiones durante la evolución de la enfermedad y fomentar la incapacitación parcial, progresiva y a medida.
A juicio de Boada, «la incapacitación no es un castigo y debería ser un tema político social clave para el futuro más cercano«, ya que, según ha añadido, una persona con demencia »mantiene todos sus derechos hasta el final de su vida y, por tanto, sus decisiones y convicciones deben ser respetadas«.
En este sentido, el Documento Sitges 2009 aboga por fomentar la incapacitación parcial, progresiva y a medida, dado que, en palabras de la neuróloga, «una persona con demencia puede no tener capacidad para conducir un coche o para hacer una transacción comercial pero sí para el resto de actividades de su vida diaria».
Por su parte, la directora del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer y otras demencias, Maribel González Ingelmo, ha considerado «relevante» analizar y reflexionar sobre «las distintas fases evolutivas de la demencia, las competencias de la persona en cada una de ellas y su capacidad para tomar decisiones».
En su opinión, es «un logro muy significativo y necesario» el análisis desde diferentes disciplinas «para poder recomendar a los profesionales que intervienen en todo el proceso sobre cómo valorar esas decisiones», ha concluido.
En la actualidad, la incapacitación pueden pedirla el propio enfermo, el cónyuge, los ascendientes o los descendientes o hermanos o también el Ministerio Fiscal y una vez solicitada, la demanda pasa al juzgado correspondiente y éste cita al afectado para su comparecencia.
En el procedimiento se practican siempre tres tipos de pruebas al afectado: una exploración judicial, otra médico-forense y la audiencia de los familiares más próximos, teniendo el proceso una duración de entre tres meses y un año.
Fuente: lavozdegalicia.es
