La extrema debilidad mostrada por el sistema de cuidados en esta crisis no ha sido suficiente. Tampoco la sobremortalidad que ha producido la pandemia en las personas dependientes. La crisis social, sanitaria y económica que ha provocado la COVID-19 ha dejado unos claros perdedores: las personas vulnerables que, una vez más, sí han quedado atrás. El conjunto de políticas sociales que deberían haber salido de esta comisión para la reconstrucción no han concitado el suficiente consenso y, por tanto, no van a quedar reflejadas en el dictamen global.
En España han muerto más de 19.000 personas mayores en residencias por COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad. Las residencias de ancianos se han convertido durante la pandemia en uno de los principales focos de contagio. La crisis sanitaria y social ha sacado a la luz las grandes carencias del sistema de cuidados y la necesidad de una coordinación efectiva y eficaz entre los sistemas públicos de protección social y sanitaria.
Los datos que el pasado 25 de junio proporcionó el Ministerio de Derechos Sociales a las autonomías –provenientes del IMSERSO- revelaban que las personas dependientes han sufrido de forma particular los efectos de la pandemia. La sobremortalidad en marzo y abril de este año entre las personas que percibían un servicio o prestación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) ha sido de 21.621 muertes más, respecto del mismo período del añoanterior. En esta cifra no están contabilizadas las personas dependientes en lista de espera y que también han fallecido por la COVID-19.
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