La extrema debilidad mostrada por el sistema de cuidados en esta crisis no ha sido suficiente. Tampoco la sobremortalidad que ha producido la pandemia en las personas dependientes. La crisis social, sanitaria y económica que ha provocado la COVID-19 ha dejado unos claros perdedores: las personas vulnerables que, una vez más, sí han quedado atrás. El conjunto de políticas sociales que deberían haber salido de esta comisión para la reconstrucción no han concitado el suficiente consenso y, por tanto, no van a quedar reflejadas en el dictamen global.
En España han muerto más de 19.000 personas mayores en residencias por COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad. Las residencias de ancianos se han convertido durante la pandemia en uno de los principales focos de contagio. La crisis sanitaria y social ha sacado a la luz las grandes carencias del sistema de cuidados y la necesidad de una coordinación efectiva y eficaz entre los sistemas públicos de protección social y sanitaria.
Los datos que el pasado 25 de junio proporcionó el Ministerio de Derechos Sociales a las autonomías –provenientes del IMSERSO- revelaban que las personas dependientes han sufrido de forma particular los efectos de la pandemia. La sobremortalidad en marzo y abril de este año entre las personas que percibían un servicio o prestación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) ha sido de 21.621 muertes más, respecto del mismo período del año anterior. En esta cifra no están contabilizadas las personas dependientes en lista de espera y que también han fallecido por la COVID-19.
La demencia es la principal causa de dependencia y discapacidad entre las personas mayores. Resulta angustiosa no solo para la persona que la padece, sino también para las personas familiares cuidadoras. En España, la mitad de las personas que solicitan las ayudas del SAAD tienen 80 años y más, y casi tres de cada cuatro han cumplido los 65 años. El Alzheimer y las demencias están detrás de alrededor del 70% de todas las solicitudes en ese rango.
El Plan Nacional de Alzheimer (PNA), aprobado por los Consejos Territorial de Servicios Sociales y el Interterritorial de Salud y presentado al Gobierno en abril de 2019 indica que “El abordaje del Alzheimer es una prioridad de salud pública y un problema sociosanitario de primer orden. Se ha convertido en la gran epidemia silenciosa del siglo XXI y en el gran reto para la sostenibilidad de cualquier sistema sociosanitario”.
La familia, y en particular la persona familiar cuidadora, asumen una doble dimensión. Por un lado, son clave en la tarea de cuidados; por otro, ellos mismos se ven afectados por las consecuencias de la enfermedad en muchas maneras. El 73% de las personas cuidadoras tienen 50 años o más. El 76% de las y los familiares cuidadores son mujeres. El 42% deben renunciar parcial o totalmente a su desarrollo laboral durante el período de cuidados, que tiene una duración media de 9 años. Cuidar a una persona con Alzheimer supone a las familias un coste medio anual de 35.000 euros.
Los mayores y los sistemas de protección de la dependencia, a la cola de las prioridades de las políticas públicas
La pandemia ha impactado en el campo económico y laboral y ha agravado la complicada conciliación familiar y profesional de las personas familiares cuidadoras, que en situaciones de normalidad ya sufren reducción de los ingresos laborales, dificultad para reintegrarse en el mercado laboral, falta de cotizaciones fiscales, pérdida de expectativas vitales, empobrecimiento por los costes tan elevados de la enfermedad y alienación social, dando lugar a situaciones de exclusión social que se unen a la sobrecarga física y emocional de la tarea de cuidados de una persona con demencia.
En CEAFA teníamos la esperanza de que las lecciones aprendidas por el impacto de la pandemia en las personas con Alzheimer, demencia, dependencia hubieran al menos servido para convencernos de la necesidad de un diagnóstico precoz de la enfermedad, de una adecuada coordinación sociosanitaria, del refuerzo del sistema de cuidados y la protección de la persona familiar cuidadora en los aspectos señalados, de la aplicación de terapias no farmacológicas que mantengan durante más tiempo la autonomía y calidad de vida de las personas con Alzheimer y demencias, y de la importancia de las asociaciones del Tercer Sector para cubrir aquellos aspectos sociales y sanitarios que no son cubiertos por otros provisores de cuidados.
Las medidas propuestas dentro del borrador de conclusiones del Grupo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados eran un comienzo en el camino. La falta de consenso entre los grupos políticos para aprobar el dictamen de recomendaciones en materia social y de cuidados es un mal síntoma que evidencia que, a pesar de lo que se ha venido diciendo estos días, los mayores y los sistemas de protección de la dependencia están a la cola de las prioridades de las políticas públicas.
