La Asociación de Vecinos Ribera de Curtidores volvió ayer a solicitar a la Junta de Castilla y León que esta institución destine a dotaciones sociales del barrio los bajos de la manzana de viviendas del que fuera cuartel de la Guardia Civil de Puente Colgante hasta febrero de 2015, fecha en la que el puesto se trasladó a Zaratán.
En una reunión mantenida con el director General de Vivienda y Urbanismo, Ángel Marinero, el presidente de la asociación vecinal, Antonio Presa, solicitó que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente modifique ligeramente su plan de habilitar 64 viviendas para alquiler social en la manzana, de ocho portales y delimitada por las calles Puente Colgante, Juan Sebastián Elcano, la avenida de Reyes Católicos y el paseo del Cid.
El edificio, propiedad de la Junta, recibió el pasado 30 de octubre la declaración de ruina por parte del Ayuntamiento de Valladolid y está en el proceso de convertirse en el primer bloque de Castilla y León exclusivo para alquiler social.
La propuesta que plantean ahora los vecinos de la Ribera de Curtidores es que habilite solo 52 de las 64 viviendas previstas y que, en los pisos bajos de los ocho inmuebles, se acondicionen las «múltiples» dotaciones sociales que necesita el barrio, a juicio de Presa.
Estas serían dos viviendas para refugiados y otras dos para residencia de víctimas de malos tratos. Otros locales se destinarían a Centro Socio Sanitario, Centro de Día, Centro de Personas mayores. La lista se completaría con locales destinados a acoger una guardería municipal y un centro juvenil.
También demandan espacio para aulas de atención al Alzheimer y al Parkinson, entre otras patologías, además de una Aula de la Naturaleza junto al río y un Centro Municipal de Atención Social (Ceas).
Presa agradeció a la Junta su decisión de rehabilitar el vetusto bloque construido en 1949 «para evitar el deterioro progresivo que venía sufriendo las viviendas y la degradación paulatina de la zona», pero pidió un paso más para satisfacer en la misma operación la llegada al barrio de servicios sociales ahora inexistentes y sin embargo «justos y razonables», apuntó.
Es más, Presa asegura que la creación de los servicios sociales no desviaría el presupuesto. «Entendemos que con 3,2 millones de euros (50.000 euros/vivienda) previstos por la Junta de Castilla y León para esta operación, bien puede incluir estas propuestas dadas las dimensiones del ‘contenedor’», aseguró el presidente vecinal.
En la reunión Ángel Marinero recordó que inicialmente la licencia concedida por el Ayuntamiento de Valladolid es para rehabilitar las viviendas y no están previstos otros usos para los locales.
Sin embargo, según Presa, el director general fue «sensible y receptivo» a la propuesta y dejó la puerta abierta a una posible revisión de los planes. Así, se comprometió a remitir a las áreas correspondientes de Urbanismo y Medioambiente la alternativa social vecinal estas iniciativas para que las estudien y se pronuncien.
Fuentes de la Consejería de Fomento confirmaron ayer tras la reunión que «estudiarán su petición», siempre «de acuerdo» con el Ayuntamiento de Valladolid.
La batalla de la asociación vecinal en favor del desembarco de los servicios sociales en el viejo puesto se remonta prácticamente al momento en el que la Benemérita realizó la mudanza del destartalado cuartel, aunque los pasos más visibles se han dado este año. Primero con un comunicado en febrero en el que anunciaban sus intenciones que el edificio albergara servicios sociales. Más tarde, en marzo, enviaron una carta al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la misma línea.
El presidente del Ejecutivo autonómico respondió a los vecinos que la propuesta había sido remitida a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En ese mismo mes las demandas fueron refrendadas por la asamblea general de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’.
En el mes abril obtuvieron respuesta del departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones aunque no en sentido favorable, ya que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente respondió que la peticiones no encajaban en el proyecto que la Junta ejecutará porque su objetivo es la rehabilitación de todo el bloque de casas para luego pasar a alquiler social.
No conforme con esta contestación el colectivo vecinal logró mantener la reunión de ayer con el director general Ángel Marinero y, al menos, obtuvo la respuesta de que estudiarán su planteamiento.
«Le hemos planteado de nuevo que las necesidades del barrio en materia social son múltiples y que no podemos desaprovechar esta ocasión para que los bajos de toda la manzana se acondicionen como sedes donde puedan prestarse estos servicio», indicó Presa. «Creemos que nuestras propuestas sociales, tan lógicas como razonables, deben tener cabida en ese espacio y la Junta está en la obligación de atenderlas. Exigimos que técnicos, políticos y vecinos afectados deber analizar juntos la conveniencia del mejor aprovechamiento del citado espacio», concluyó.
Fuente: diariodevalladolid.es
