La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales calcula que las medidas adoptadas por el Gobierno en lo referido a la Ley de Dependencia supondrán un recorte superior a los 800 millones de euros, harán insostenible el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en España, dejan a las comunidades autónomas sin margen de maniobra y destruirán este año más de 10.000 empleos.
Según los resultados del Observatorio Estatal de la Dependencia, en el que la citada asociación analiza el impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia, estas medidas se traducen en la práctica en "destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios".
Según la asociación, la supresión del nivel convenido y la reducción en un 13,2% del nivel mínimo garantizado a las comunidades autónomas "agudizan hasta lo insoportable la tan cacareada insostenibilidad económica del Sistema de Atención a la Dependencia".
El informe indica que la primera de las medidas supuso una minoración en los ingresos de las arcas autonómicas de 283,2 millones de euros y la segunda supondrá
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