Pamplona, 12 nov (EFE).- El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9 %, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.
Estos datos han sido facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que ha detallado el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.
Según los datos que ha facilitado, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70 % del total, seguido de los usuarios con un 21 % y el Estado con un 9 %.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.
Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14 % acaban calificadas como no dependientes, el 34 % como dependientes moderados, el 29 % como severos y el 23 % como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.
A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.
El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien ha citado entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que "ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo" (antes el plazo era de once meses).
En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.
El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.
En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.
Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.
En este sentido Robleda ha comentado que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.
Ha precisado que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado "sustancialmente", aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, ha remarcado la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) ha incidido en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que "el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia".
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, ha visto aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a "la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros", ha dicho que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, "la crisis no fue la causa fue la excusa", en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque ha reconocido que ha habido una "leve mejora", ha remarcado su preocupación porque hay una "mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia".
Amaya Zarranz (PPN), quien ha reconocido que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley "ya no las tiene".
Fuente: eleconomista.es
