El caso de Afal Futuro, que contrató para sus tutelados productos y servicios a empresas vinculadas a su cúpula y que supuestamente pudo desviar fondos de los incapacitados hacia sus propias cuentas, ha hecho zozobrar el sistema de fundaciones tutelares y ha visibilizado los agujeros en la transparencia de su gestión. Una gestión creciente ya que cada año se presentan en los juzgados españoles alrededor de 27.000 demandas para incapacitar a adultos, la mayoría, por enfermedad o deficiencia: desde demencias o alzhéimer hasta toxicomanías graves. La mayoría de las veces, los jueces fijan como tutor a un familiar de estas personas que ya no pueden tomar decisiones por sí mismas sobre su salud o su patrimonio. Si no tiene familia o las autoridades consideran que esta no lo haría de manera adecuada, se puede fijar a una entidad tutelar independiente, pública o privada, como Afal Futuro. Estas organizaciones deben rendir cuentas periódicamente ante la justicia de su gestión y de la situación del enfermo, pero, como reconocen los expertos, no siempre lo hacen en tiempo y forma.
El proceso tiene numerosas rendijas
