La promoción de dicho acuerdo, que se recoge en primer punto de la moción que defendió el diputado de CiU Carles Campuzano, fue aprobado por 196 votos a favor, 4 en contra y 115 abstenciones.
El segundo, que pedía eliminar de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012, la disposición adicional que establece "suspensión de la aplicación de determinados preceptos" de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, fue tumbado por la Cámara Baja por 140 votos a favor, 171 en contra y 2 abstenciones.
Durante el debate parlamentario, Campuzano defendió que el sector de la dependencia genera "empleo estable" e hizo hincapié en la necesidad de un acuerdo que permita un desarrollo de las políticas de atención de la dependencia, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular intervino Teresa Martín Pozo aseguró que el Gobierno y el PP quiere "garantizar en época de crisis la sostenibilidad de un sistema que ha sido puesto en peligro por una gestión desafortunada" del anterior Ejecutivo.
Señaló que el Gobierno revisará y simplificará el procedimiento de valoración de dependientes, primará su atención a través de profesionales y tendrán prioridad quienes mayor grado de dependencia tengan, de modo que los recursos vayan a las personas que más lo necesitan.
Del Grupo Parlamentario Socialista subió a la tribuna Rosa Aguilar, quien destacó que la elaboración de la Ley de Dependencia "fue el fruto precisamente de un amplio acuerdo político y social".
Tras criticar que para el PP, "sostenibilidad significa recortar" y busca ir a un modelo "distinto y diferente", abogó, entre otras cosas, por el cumplimiento del calendario de implantación del sistema previsto en la ley de dependencia.
FRUSTRACIÓN
Por parte de La Izquierda Plural intervino la diputada de IU, Caridad García, señaló que la Ley de Dependencia, que generó "muchas expectativas", está generando "frustración".
"Era una ley con una letra maravillosa pero carecía de la parte más importante, porque no se hicieron las previsiones para que tuviera la financiación suficiente para abordar con todas las garantáis lo que el espíritu de la ley decía", argumentó.
Toni Cantó, de UPyD pidió una "regulación unitaria para todo el Estado español con una garantía de mínimos para cualquier ciudadano en situación de dependencia".
Por parte del Grupo Mixto intervinieron Joan Tardà, de ERC, y Olaia Fernández Dávila, del BNG. El primero señaló que es "fundamental e imprescindible salvar la ley" de dependencia.
Olaia Fernández (BNG) señaló que, si además de suspender la aplicación de la ley de dependencia, el Gobierno elimina de los presupuestos generales del Estado 283 millones de euros, la situación de los dependientes no sólo "se agrava", sino que "hace imposible la sostenibilidad financiera" de la normativa.
LA MOCIÓN
Según la moción, el acuerdo "deberá orientarse a garantizar la financiación necesaria y la participación del Estado, a corto y medio plazo, en base a los costes reales de los servicios y prestaciones en las distintas comunidades autónomas, y más allá del horizonte de 2015, con la perspectiva de alcanzar un gasto estable en políticas de atención a la dependencia".
Además, continúa el texto aprobado, "el acuerdo también deberá revisar la aplicación del sistema priorizando las atenciones que conllevan, la creación de empleo, el impulso a la colaboración público-privada, el desarrollo de las prestaciones socio-sanitarias y el impulso a las políticas de prevención y a la I+D+i en esta materia".
Asimismo, dice el texto, "el citado acuerdo deberá posibilitar el desarrollo de la política de atención a la dependencia con pleno respeto a las atribuciones competenciales que en materia de servicios sociales atribuyen la Constitución y los Estatutos de Autonomía a las Comunidades Autónomas".
Fuente: observatoriodeladiscapacidad.es
