El pasado viernes se celebraba el Día Mundial del Alzheimer, la llamada 'epidemia del siglo XXI' que afecta, según las cifras, a cerca de 800.000 personas en España, más de tres millones si se tiene en cuenta también a los familiares del paciente. La efemérides provoca declaraciones y apariciones de los agentes implicados, y mientras que desde algunos órganos de Gobierno se quiere dar relevancia a los méritos conseguidos tras su reforma de la Ley de Dependencia, las asociaciones de enfermos y familiares recuerdan que la situación actual es crítica, y que los recortes han provocado que la atención para muchos dependientes sea realmente complicada.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, hacía público el viernes su compromiso para redoblar esfuerzos en la prevención y la mejora de la asistencia a los enfermos y sus cuidadores, en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. "Nuestro objetivo es tratar a personas, no enfermedades aisladas", declaraba Mato para explicar que su cartera avanzará en la interconexión del sistema sanitario con los servicios sociales.
Según los datos publicados por Sanidad, más de 24 millones de personas en el mundo padecen el mal de Alzheimer, la principal causa de demencia con cerca de 150.000 nuevos casos al año en España. La tendencia se agrava con la edad, ya que afecta al 10% de los mayores de 65 años y al 50% de los mayores de 85 años. Con el creciente aumento de la esperanza de vida, es de entender que sea una de las dolencias más comunes de las edades avanzadas.
Para una mejor atención, las últimas iniciativas del ministerio de Mato se han destinado a prevenir y abordar las situaciones de dependencia originadas por las enfermedades neurodegenerativas, especialmente por el Alzheimer. El viernes el organismo recordaba que el pasado 10 de julio en el Consejo Territorial se habían acordado los criterios para elaborar los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia, y que la Dirección General del Imserso ha creado una Guía de Orientación para la valoración de la dependencia en personas con este tipo de demencia. Además, los centros de referencia estatales del Imserso están desarrollando programas de prevención y promoción de la autonomía personal.
Sanidad dice que la ayuda sigue generando beneficiarios
Precisamente en la jornada "Evolución de la Ley de Dependencia y su incidencia en la enfermedad de Alzheimer", el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, declaraba que la ayuda está 'más viva que nunca' y que sigue generando beneficiarios aunque se haya ajustado para que la protección vaya al dependiente severo.
Según Moreno, entre enero y septiembre de 2012 las solicitudes de evaluación han aumentado en más de 21.000, las resoluciones de las mismas en más de 27.000, y actualmente hay 43.000 beneficiarios más y menos personas en lista de espera.
Sin embargo las cifras parecen no cuadrar si se comparan con las que presentan los afectados. Según la información estadística del Sistema de Atención a la Dependencia que publica el Observatorio Estatal de la Dependencia, sólo en septiembre ha habido casi 5.000 beneficiarios menos de las ayudas, lo que significa que de continuar con la tendencia, en un año serían 60.000 personas menos y la pérdida de unos 12.000 empleos.
Las caídas en este mes han sido notables en diversos indicadores: 4.801 beneficiarios menos que en agosto, 4.354 solicitudes menos, 7. 953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes menos... Sólo Extremadura y Galicia han logrado aumentar los beneficiarios. El único dato positivo, señalan desde la asociación, es que la lista de espera ha bajado en 3.252 personas, aunque lo consideran un espejismo estadístico, ya que "no es que hayan sido incluidos en el sistema, sino que probablemente fallecieron en ese mes sin haber sido atendidos por el sistema".
Las dificultades, en cifras
Cuando el actual Gobierno decidió reformar la maltrecha Ley de Dependencia de 2006, se planteó recortar partidas para dar 'una mejor atención y la prioridad a los grandes dependientes'. El 'nivel convenido para la dependencia' desaparecía, llevándose por delante 283 millones de euros que las Comunidades Autónomas no sabían de dónde los iban a sacar. Además, para agilizar las valoraciones y generar beneficiarios de ayudas con mayor solvencia, se decidió que los dependientes valorados en Grado I y Nivel 2 no podrían acceder al Sistema de Atención a la Dependencia hasta el 1 de enero de 2013, así como aquellos en Grado I Nivel 1 (el más leve) no lo harían hasta enero de 2014, paralizando en ambos casos cualquier progreso en su expediente.
Para aquellos que ya son beneficiarios de las ayudas por ser grandes dependientes la situación no es un camino de rosas. Se puede poner el ejemplo de una persona mayor de 82 años, paciente de Alzheimer, dependiente en Grado III Nivel 2 interna en una residencia concertada de la Comunidad de Madrid y que cuenta con una pensión de viudedad de casi 700 euros al mes. El Sistema de Atención a la Dependencia subvenciona parte de su día a día en la residencia que antes como particular le costaba unos 1.700 euros y ahora estaría en torno a los 1.300.
Sin embargo, y pese a la ayuda, la persona mayor tiene que abonar al mes unos 975 euros, cantidad variable porque aparte se deben contabilizar las medicinas que tome habitualmente, aquellas recetadas si existen necesidades, y otros servicios ofrecidos como dentista, peluquería o podólogo. En total, y siendo beneficiario, casi 1.000 euros al mes de su bolsillo cuando su pensión no llega a 700 euros. O bien los enfermos cuentan con fondos previamente ahorrados o que la familia pueda aportar, o la correcta atención para esa persona se torna un lujo en lugar de una necesidad.
Es solo un ejemplo, pero teniendo en cuenta las tablas de cuantías máximas para 2012 de los servicios del Catálogo, es fácil imaginarse que pese a que la cuota a pagar depende también de la capacidad económica del dependiente, en numerosas ocasiones supone un esfuerzo titánico poder sufragar el cuidado del enfermo.
Los afectados reclaman una política de Estado
Para intentar evitar el desamparo de miles de enfermos y de sus familias, son muchos quienes reclaman una mayor concienciación del problema del Alzheimer, así como de otro tipo de enfermedades que supongan una dependencia.
Desde la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer (CEAFA), se pedía la pasada semana al Gobierno que apruebe cuanto antes una política de Estado del Alzheimer, centrada en el enfermo y no en la enfermedad, y que la crisis actual no afecte a su puesta en marcha. La enfermedad supone un coste anual de 24.000 millones de euros, un 1,5% del PIB, algo que según todos los estudios, se puede llegar a duplicar en los próximos 20 años.
Fuente: vozpopuli.com
