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La Fundación Hurkoa ampara a 322 guipuzcoanos incapacitados por un juez y sin familia
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El aumento de la demanda de apoyos ha empujado a la entidad a abrir nuevas sedes, como la que estrenarán este mes en Irun
Recientemente, la fregadera de la cocina de Isabel Perea decidió estropearse. La mujer, indefensa ante la avería doméstica, tuvo que llamar a un conocido para que le echara una mano, como ocurre en cualquier hogar. Lo curioso es que ese aliado no fue un familiar, ni tampoco un vecino manitas. El 'fontanero' improvisado se llama Abel Barcenilla y es uno de los trabajadores sociales de la Fundación Hurkoa, que ejerce la tutela de Isabel desde hace diez años.
Una vez por semana esta legazpiarra de 72 años, que reside en su piso en el barrio donostiarra de Gros, acude a la sede de la entidad, en el centro de la capital guipuzcoana, para repasar las necesidades domésticas que van surgiendo y recibir su asignación económica semanal que destina a la compra. Allí le atienden dos personas de referencia que le ayudan en todo lo que pueden, desde resolver un papeleo con el banco a arreglar una fregadera, porque son lo más parecido que tiene a una familia.
Isabel siempre ha vivido con sus padres, que ejercían de cuidadores, hasta que estos fallecieron, primero su padre y hace quince años su madre. Entonces se quedó sola. Aunque tiene un hermano y un sobrino, necesitaba que alguien le atendiera en su vida diaria porque ella no puede regirse por sí misma para administrar sus bienes. «Fueron el notario y el abogado quienes me dijeron que aquí me iban a ayudar, que me iban a llevar muy bien mis cosas», cuenta con una memoria envidiable para las fechas y los datos que va reseñando en la conversación. «Padezco de los nervios desde que tengo 18 años», se explica, aunque no sabe ponerle nombre a su problema. La Fundación Hurkoa entró en su vida en 2002 y un año más tarde el juez aprobó la sentencia para su incapacitación legal, como medida de protección. Aunque vive de forma independiente en su piso de Gros, acude al centro de día Nuestra Señora de las Mercedes, gestionado por Hurkoa. Una vez por semana una empleada del hogar le ayuda en las tareas de la casa y los domingos por la tarde recibe la visita de Catalina, una de las voluntarias de la fundación que presta otro servicio esencial: compañía.
Dicharachera y consciente de la necesidad de apoyos, el de Isabel no es el perfil común que atiende Hurkoa, nacida hace veinticinco años a iniciativa de Cáritas. La mayoría de las 322 personas tuteladas por la fundación son personas mayores con graves problemas funcionales y cognitivos, el Alzheimer el más común. La otra mitad son enfermos mentales, cada vez más jóvenes. El envejecimiento de la población y el mayor diagnóstico de las patologías mentales están incrementando las tutelas en un 10% al año en Gipuzkoa, según los datos de Hurkoa, única fundación tutelar en el territorio junto con Atzegi, especializada en la protección de personas con discapacidad intelectual.
La actividad tutelar se completa con otras actuaciones de apoyo a personas dependientes que no han sido declaradas incapaces por un juez. También asesoran a personas en tramitación y ejercicio de la tutela de sus familiares incapacitados. En total, el año pasado Hurkoa atendió a 560 personas, el triple que hace una década, una tendencia al alza que ha obligado a la fundación a repartir sus servicios por toda Gipuzkoa. En 2009 abrieron una sede en Arrasate, con la intención de estar más cerca de las personas ingresadas en los centros psiquiátricos San Juan de Dios y Aita Menni. Y este mismo mes inaugurarán un centro en Irun, para dar cobertura a toda la zona del Bidasoa, anuncian Susana Montesino y Andikona Uriarte, de la fundación.
Atender la fragilidad
La falta de apoyo familiar sigue siendo la causa más común para derivar los casos a la fundación, explica Uriarte, adjunta a la gerencia de Hurkoa. La entidad interviene cuando no existe otra red de apoyo. «Siempre es preferible la familia, pero no siempre hay alguien que pueda o quiera encargarse de la persona que lo necesita», continúa Uriarte. El maltrato económico, los conflictos familiares y las situaciones de negligencia o abandono son también causas habituales para que actúe la entidad, que rinde cuentas anuales en los juzgados, garantes de que la tutela se ejerza de la forma adecuada, añade Uriarte.
Muchos de los casos que llegan hasta Hurkoa son remitidos desde los propios juzgados. También mantienen un contacto directo con los servicios sociales municipales y con la Diputación. La incapacitación legal de la persona es una medida excepcional, es decir, se aplica solo cuando es necesaria y siempre en beneficio de la persona. La fundación, que lleva años sensibilizando sobre las medidas de protección legal para evitar casos de desamparo o abusos, ha incidido en la prevención de la «fragilidad», un término que aplican para todas aquellas situaciones de vulnerabilidad y deterioro, asociado a la realidad innegable de la mayor esperanza de vida y dependencia.
Precisamente para evitar llegar al extremo de tener que incapacitar a una persona -a menudo una medida inevitable y necesaria- el equipo de Hurkoa está abordando la situación antes de que ésta se agrave, con apoyos puntuales a los colectivos más desprotegidos. «Cada vez estamos más orientados a personas que son todavía capaces para que puedan prevenir las situaciones futuras», dice Susana Montesino. Lo ideal sería anticiparse a ese escenario, pero la detección de casos «no siempre es sencilla», constata. En contrapartida, cuestiones como el testamento vital empiezan a no sonar tan tabú. «Es importante que las personas se preparen para su futuro, que dejen claro cómo quieren ser cuidadas y, en la medida de la posible, se respetará esa decisión cuando llegue el momento», abunda Uriarte.
Fuente: diariovasco.com
