La Ley de Autonomía Personal y Dependencia se planteaba como un apoyo a la atención de estas personas, dando preferencia a la atención profesional, en una plaza concertada, no en el entorno familiar. El sentir general de los afectados es que en los últimos tiempos se habían decantado por la prestación económica, que suponía menos dinero para las arcas públicas. El consejero de Sanidad y Bienestar Social ha manifestado su intención de volver a la prestación del servicio como norma general y desde la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer se está de acuerdo con ello.
El último año en torno al 80% de las prestaciones se tradujeron en una paga a la familia por cuidar a su familiar dependiente en el domicilio. Esta fórmula resta profesionalidad a la atención y se quiere invertir. Ricardo Oliván hablaba e su reunión con las entidades sociales de que “dicha ley se está convirtiendo más en un subsidio”.
En cuanto a la ley de Dependencia también se habló de la necesidad de unificar los criterios de valoración de los niveles de dependencia. Ya había unos criterios, pero Javier Lasierra, presidente de la Asociación de Alzheimer, reconoce que en muchos casos no funcionaban con equidad.
La Asociación tiene en marcha un proyecto para construir un nuevo centro que mejore la atención y amplíe las plazas. Su presidente pone ahora el acento en ver si las dificultades económicas anunciadas por la presidenta aragonesa dejan este proyecto estancado.
Fuente: radiohuesca.com
