El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ultima un nuevo Real Decreto que revisará el copago de los usuarios de la dependencia unificando la aportación económica mínima exigible en todo el territorio nacional y estableciendo, por primera vez, precios de referencia para los servicios prestados.
El borrador ha sido sometido a consulta de los responsables autonómicos de dependencia después de ofrecerles una evaluación de la Ley de Dependencia elaborada por el Gobierno que denuncia diversas deficiencias en su aplicación y, especialmente, en materia de financiación.
En cuanto a la aportación de los usuarios, que se fijará en función de su capacidad económica atendiendo a la renta y el patrimonio, el proyecto introduce la posibilidad de que se compute la vivienda habitual en los beneficiarios de atención residencial o prestación económica vinculada a este servicio, siempre y cuando en el domicilio no vivan personas que estén a su cargo.
Para calcularlo se computaría el valor catastral del inmueble y, en su defecto, el valor escriturado. En caso de cotitularidad, solo se tendría en cuenta la parte proporcional correspondiente al beneficiario del servicio o la prestación para atención residencial, según el texto de Sanidad.
En general, el proyecto establece que la participación de los usuarios en el coste del servicio se hará de forma progresiva mediante la aplicación de un porcentaje en función de su capacidad económica hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio, una capacidad que tendrá como referencia el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM).
En el caso particular de la atención residencial, Sanidad calcula que una plaza cuesta al mes entre 1.100 y 1.600 euros para personas dependientes y entre 1.540 y 2.240 para las que además, tienen discapacidad, unos precios que se irán actualizando anualmente y que el beneficiario deberá asumir en función de su capacidad económica.
En este sentido, si tienen recursos suficientes, deberán pagarse los gastos hoteleros y de manutención, ya que "la aportación de la persona beneficiaria irá destinada en primer lugar a financiar" estos conceptos "en parte o en su integridad, en función de su capacidad económica".
Además, establece que "en los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, la Administración competente podrá compatibilizar los sistemas que tenga establecidos sobre reconocimiento de deuda con lo previsto en este Real Decreto".
En cualquier caso, la cuantía a pagar se calculará con una formula matemática que cruza la capacidad económica del usuario con el mínimo garantizado que le deberá quedar después de los pagos para gastos personales, un 19% del IPREM. El calculo será el en todas las comunidades autónomas y quienes no tengan recursos suficientes, no deberán aportar nada.
Respecto a la ayuda a domicilio, Sanidad ha estipulado el coste por hora del servicio en 14 euros de media para la atención personal y en 9 euros la hora para la atención de las necesidades domesticas o del hogar y, con estos precios de referencia, el 75% del IPREM y la capacidad económica del beneficiario, se calculará lo que deba aportar para poder tener este servicio.
El decreto diseña de igual manera las aportaciones para los centros de día o noche, que cuestan, según el ministerio, 650 euros al mes, y la teleasistencia, servicio para el que, sin embargo, no de fija un precio de referencia. Sí se establece que los usuarios con rentas que superen el 75% del IPREM deberán costear al 50% y que quienes perciban 1.5 veces este índice, pagaran el 90%.
Por último, en cuanto a las prestaciones económicas, se fijaran en función de la capacidad económica del beneficiario y de su grado de dependencia, de modo que la cuantía nunca supere el coste establecido de la prestación para la que recibe la ayuda y a la que habrá de destinar el 100% de los fondos.
Fuente: elmundo.es
