Los plazos para cobrar las ayudas de la ley de dependencia se han acortado en la provincia de Castellón este año. El refuerzo de los equipos de gestión y valoración de los expedientes de la ley de la dependencia puesto en marcha por la Conselleria de Bienestar Social --que ha incrementado en un 22,4% el presupuesto para el programa de ordenación de la dependencia-- ha permitido duplicar las ayudas y prestaciones en apenas dos meses en la provincia. No obstante, la Comunitat Valenciana todavía está entre las últimas autonomías en las ayudas a dependencia en cuanto a plazos de tiempo y aún hay personas que esperan más de un año en cobrar, según el último estudio de la asociación estatal de directoras y gerentes de Servicios Sociales.
Aun así, con este refuerzo, según datos de la Conselleria, el 88% de las solicitudes presentadas para recibir prestaciones por la ley de dependencia ya han sido valoradas en Castellón. Desde que entró en vigor la normativa (enero del 2007), 13.729 personas han solicitado una prestación económica o un recurso de los que contempla la norma, de las cuales 12.053 ya han sido valoradas.
CON EL OK // De estas últimas, hasta 9.137, es decir, el 76% del total, ya han sido reconocidas como beneficiarias con derecho a una prestación. Y casi la mitad de ellas, unas 5.000, está cobrando la ayuda o recibiendo el recurso. Se trata de una cifra que se ha duplicado en apenas dos meses en la provincia, pues en noviembre del 2009 solo tenían reconocido el derecho 4.549 y de ellas, apenas 2.756 recibían la ayuda, tal y como publicó este periódico.
La explicación, tal y como explicaron ayer fuentes de la Conselleria de Bienestar Social, se debe al aumento del 22,4% del presupuesto destinado al programa de ordenación de la dependencia, lo que ha posibilitado reforzar todos los equipos de gestión y valoración de expedientes.
Asimismo, según las mismas fuentes, “en breve” se pondrá en marcha un nuevo decreto que simplifica el largo sistema establecido en el Decreto 171/2007 para evitar los que reconocen como “dilaciones indebidas”.
Este establece que la documentación de carácter económico se aporte desde un principio, junto con el informe social y la documentación en la que se constate la elección de la persona interesada respecto al servicio o prestación que desea recibir, de forma que se simplifica la recepción del documento al inicio del expediente y se acortan plazos para percibir la prestación.
Y es que a pesar del repunte del número de valoraciones y reconocimientos, la mitad de los dependientes reconocidos todavía no disponen de un plan individualizado de atención, es decir, aún no han cobrado.
Se trata de una demora denunciada por las asociaciones de enfermos, que aplauden este refuerzo en los expedientes, como el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Emilio Marmaneu, que considera que el trámite administrativo estaba siendo y continúa siendo demasiado lento.
Pero critican la aplicación de la normativa. El presidente del comité español de representantes de personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana, Cermi-CV, Juan Planells, lamenta que se priorizan las residencias por delante de los cuidados en domicilios. Fuentes del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Castellón también coinciden en afirmar que las solicitudes para residencias están al día, pero suponen un 15% del total. Y aseguran que faltan recursos, como centros de día, pues solo hay para enfermos de alzhéimer o de daño cerebral sobrevenido y no hay para parkinson y otras enfermedades o son privados. Y el futuro centro de Gran Vía, para toda la Comunitat “nace pequeño”.
Fuente: elperiodicomediterraneo.com
