Los jubilados han mostrado estos días en la calle que son muchos y están muy cabreados. Sin embargo, la precaria sostenibilidad del sistema de pensiones es solo la punta de un iceberg capaz de hundir el 'Titanic' de nuestro Estado de Bienestar: las proyecciones de la ONU apuntan que España, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, será en 2050 el país más envejecido del planeta. Y no hace falta viajar al futuro: ya hay casi 9 millones de españoles con más de 65 años y cerca de un tercio de ellos supera los 80. Mientras, el número de plazas en centros residenciales no llega a 400.000 y, aunque el ritmo de crecimiento es rápido -hay 20.000 camas en proyecto-, no alcanza, ni de lejos, para cubrir la demanda: las listas de espera para las residencias públicas no paran de aumentar y las plazas privadas, con precios que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros mensuales, no están al alcance de los menguantes ingresos de los jubilados. «El cuidado de una persona dependiente es caro; que se lo pregunten a las familias. Y no podemos engañarnos, las tarifas son elevadas si queremos dar un cuidado de calidad que responda a las necesidades reales del paciente y a su dignidad como persona», sostiene Cheles Cantabrana, presidenta de la Federación Española de Alzhéimer.
El aumento de la esperanza de vida gracias a las mejoras sociales y los avances médicos es una buena noticia, pero también nos enfrenta a retos complicados, especialmente si coincide con un estrechamiento en la base de la pirámide poblacional -con una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer, queda lejísimos la tasa de reposición que permitiría mantener estable la población- y con cambios en el estilo de vida y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que rompen con la tradicional cadena del cuidado intergeneracional. España se hace vieja.
«No estamos preparados para el cambio demográfico que se avecina», concluye José Luis Roselló, vicepresidente del área de Dependencia de la Fundación Edad&Vida, que reúne a operadores del sector de las residencias, aseguradoras, laboratorios farmacéuticos, empresas de servicios y asociaciones de mayores. «Las personas que ingresan presentan cada vez mayor nivel de dependencia y eso requiere no solo adaptar el sistema de residencias, sino también cambios en el sistema sanitario y social». Roselló afirma que un 40% de los pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas estarían mejor atendidos en otro tipo de dispositivos. «Tenemos un sistema sanitario magnífico preparado para curar a enfermos en situación aguda, pero estamos muy por debajo de la media europea en recursos para cuidar a una población que cada vez vive más, padece enfermedades que se cronifican durante años y necesita camas de media y larga estancia», explica.
Los centros de día y la atención domiciliaria permiten retrasar el ingreso en residencias
Cada vez más dependientes
Los expertos coinciden en que los asilos, aquellos hogares de beneficencia donde ancianos desvalidos miraban extinguirse el tiempo, han pasado a mejor vida. Las residencias actuales ofrecen cuidados profesionales y cada vez más especializados. No hay datos precisos, pero Edad&Vida calcula en torno al 90% el porcentaje de usuarios clasificados en los grados más agudos descritos en la Ley de Dependencia, es decir, personas que necesitan ayuda para realizar varias de las actividades básicas de la vida diaria (grado II) o sufren una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial (grado III).
En España existen más de 5.000 centros residenciales, de los que el 40% son de titularidad privada, el 35% pública (dependientes de la administración autonómica y, en menor medida, municipal y estatal), y un 25% depende de instituciones sin ánimo de lucro, congregaciones religiosas o cooperativas. Sin embargo, los centros públicos y los del tercer sector están, en algunos casos, gestionados por empresas privadas a través de concesiones. Y, a su vez, instituciones privadas ofrecen plazas concertadas con la Administración. En conjunto, el 56% de las plazas están subvencionadas con fondos públicos.
En todos los casos, el sector está estrechamente reglamentado por la Ley de Dependencia y otras normativas estatales y autonómicas, que ordenan los servicios geriátricos al detalle, desde la cantidad y la cualificación del personal que atiende a esta población hasta las instalaciones que ocupan.
Junto a las crecientes exigencias normativas, la demanda social y -en el caso de las plazas privadas- la competencia por captar clientes han contribuido a mejorar la calidad de los servicios. «El modelo de atención centrado en la persona se está haciendo muy popular en todo el Estado», explica Pura Díaz Veiga, psicóloga y directora científica del Instituto de Investigación de la Fundación Matia, una institución privada sin ánimo de lucro con más de un siglo de historia que presta diversos servicios de atención a los mayores en Gipuzkoa. Las residencias de Matia emprendieron en 2011, gracias a un convenio de colaboración con el Gobierno vasco, una transformación del modelo de atención para que los usuarios «sean cuidados no solo como necesitan, sino como quieren» y, más allá de sus limitaciones físicas o mentales, «tengan el control de su propia vida». Se trata, señala, de que las personas mayores reproduzcan en la medida de lo posible la rutina que tenían en casa, sus actividades, las entradas y salidas, las relaciones con la familia... En lo material, este modelo ha dado lugar a las llamadas «unidades de convivencia», donde la vida cotidiana se organiza en base a los gustos y preferencias de las personas y el ambiente es lo más hogareño posible, por ejemplo, con salones parecidos a los de una casa, cocinas donde preparar un aperitivo o una merienda, o huertos para cuidar de las plantas. También es clave, destaca Díaz, la estabilidad del personal. «Que los profesionales sean siempre los mismos y les conozcan es importante para los residentes con deterioro cognitivo», agrega.
En todo este proceso de mejora, «que se empieza pero no termina nunca», es fundamental el vínculo con la familia. «La atención puede ser exquisita, pero la persona mayor debe mantener su relación con la gente que quiere y que, además, tiene información muy importante que nos ayuda a cuidarles mejor».
Demetrio Casado, representante de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), explica que otra tendencia para mejorar la atención es sustituir el autoritarismo en los cuidados, con cierta tendencia a infantilizar a los mayores, por el diálogo en la toma de decisiones, tanto de la persona asistida -si está en condiciones- como de su entorno.
Pese a la evidente mejora de la oferta, los mayores retrasan cuanto pueden el momento de ingresar. Por un lado, los españoles se jubilan con mejor salud y mantienen su autonomía durante más tiempo. Y cuando empiezan a perderla disponen de más apoyos para seguir en casa: centros de día, servicios de atención domiciliaria y teleasistencia. Demetrio Casado, que además de representante de Ceama es doctor en Farmacia y diplomado en Sanidad, cree que deberían desarrollarse otras ayudas a la permanencia en el domicilio que están en el catálogo de la ley pero apenas se están prestando, como servicios de catering o estancias de respiro temporal.
Otro importante pilar sobre el que se sostiene la atención a los mayores es el de los cuidadores formales, un sector eminentemente femenino, con una fuerte presencia de trabajadoras inmigrantes y, en gran medida, sumergido. La Asociación Española de Servicios a la Persona calcula que, con medidas como el establecimiento de incentivos fiscales a los empleadores, en España podrían crearse dos millones de nuevos empleos regularizados.
José Luis Roselló considera que se debería garantizar que estos cuidadores, que realizan una labor muy importante para prolongar la vinculación de los ancianos con su entorno y favorecer la conciliación de sus familiares, cuenten con una formación profesional mínima y acreditada, tal y como se exige en centros residenciales y otros dispositivos. «En España se ha abusado de las prestaciones económicas directas previstas de forma excepcional en la Ley de Dependencia (que permiten a muchos mayores contratar con subvención a empleadas domésticas) en perjuicio de las prestaciones de servicios. Creemos que, con el mismo dinero, se podrían conseguir mejores resultados: una persona que está en casa con un cuidador no recibe estimulación cognitiva ni apoyo especializado para recuperar la movilidad, ejercitar la memoria, etcétera».
En todo caso, las personas acceden a los centros residenciales cuando ya no pueden recibir los cuidados que necesitan en su entorno, por pérdida de movilidad, patologías crónicas o deterioro cognitivo -en nuestro país hay cerca de un millón de personas con alzhéimer y otras demencias, y su número aumenta a razón de 100.000 por año- o por cansancio o enfermedad de sus familiares, ya que el cuidado de una persona discapacitada puede ser extenuante. La soledad también influye, ya que casi uno de cada tres mayores de 65 años es viudo o, mejor dicho, viuda: como ellas viven más, el 70% son mujeres.
Pero el factor más importante de rechazo a las residencias es emocional. «Para las personas mayores, la casa en la que han vivido la mayor parte de su vida tiene un enorme valor y, cuanto más frágiles son, más impacto les produce esta pérdida», explica Díaz Veiga. «Abandonar el entorno habitual es un trauma enorme», apostilla Demetrio Casado. Ya no es solo la familia: es el encuentro cotidiano con el vecino, la charla con el cartero o la tendera, lo que pierden.
Falta de personal
Y existe cierta leyenda negra sobre el trato que reciben los mayores en los geriátricos. Para María Oberhuber, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, de ámbito madrileño, la principal fuente de problemas no es la crueldad de cuidadores puntuales, sino que, en algunos centros, falta personal o el que hay tiene bajos salarios y escasa formación. En particular, ella señala a los centros públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid -cuyo fin último es el beneficio económico- como el que acogió a su madre, enferma de alzhéimer que falleció hace tres meses a los 92 años.
La plataforma denuncia infecciones de orina frecuentes causadas por la demora y la tacañería con el material en el cambio de pañales; medicación mal administrada y cobros irregulares de fármacos no consumidos; caídas por descuido o manipulación incorrecta; heridas por no realizar los cambios posturales de personas inmovilizadas; o retrasos en los ejercicios de rehabilitación.
«He coincidido con auxiliares fantásticas y con otras que no le ponen interés -lamenta Oberhuber, que hace unos días se reunió con todos los partidos para exponerles sus demandas-. Esta es una profesión muy vocacional pero socialmente mal considerada y con salarios bajos». El sueldo de un auxiliar de enfermería ronda los mil euros netos en el sector público y en el privado, según el convenio colectivo, puede ser inferior.
En ese sentido, Pura Díaz Veiga destaca el esfuerzo de muchas instituciones, entre ellas Matia, por mejorar esa situación. «Es importante que estas personas tengan una remuneración suficiente, un reconocimiento social y formación continuada», subraya.
Fuente: lasprovincias.es
