La Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), que aglutina a unas 300 asociaciones, entre ellas laAsociación Uniprovincial de Alzheimer de Navarra, ha propuesto a las administraciones un paquete de medidas destinadas a mejorar la efectividad de la Ley de Dependencia.
Los 12 puntos se centran en aspectos como la valoración del grato de dependencia, el seguimiento de los enfermos o la financiación.
La llamada Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007, está destinada a atender a las personas que no se pueden valer por sí mismas, un total de 1.125.000 en el momento de la aprobación de la ley,
Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Actualmente existen unos 600.000 pacientes diagnosticados de Alzheimer en el Estado, unos 6.500 de ellos en Navarra, aunque Ceafa afirma que el número real asciende en el país a cerca de 800.000. Al tratarse de una proporción tan alta del número de posibles beneficiarios, los familiares de los enfermos piden una revisión de los baremos de valoración para que se incluyan factores más allá de los meramente físicos, como el grado de consciencia al realizar actividades de la vida diaria.
En relación a estas valoraciones, también solicitan una formación específica que ayude a los equipos que las llevan a cabo a enfrentarse a estas situaciones con pacientes de Alzheimer y diferentes demencias. Otras de las medidas solicitadas son la agilización de los trámites necesarios y la mejora del proceso de seguimiento posterior. Por otro lado, las asociaciones exigen tener más peso en las decisiones concernientes a esta ley, así como una actualización del número real de dependientes para de esta forma ajustar los presupuestos.
La Ley de Dependencia comenzó a implantarse en 2007 de forma gradual. Este primer año se atendió a los grandes dependientes (ancianos y discapacitados graves). En los próximos 8 años (hasta 2105), se prevé atender a los dependientes moderados.
Sin embargo, los familiares consideran que la ejecución de la ley no se corresponde con las necesidades reales de los enfermos, sobre todo, de aquellos que sufren discapacidad mental, por ello urgen a las administraciones a tener en cuenta estas medidas.
Fuente: diariodenoticias.com
