El Partido Socialista denuncia que el Partido Popular ha votado en contra y ha rechazado una Proposición no de Ley presentada por los procuradores del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, Ana Muñoz de la Peña, Juan Luis Cepa y Charo Gómez del Pulgar, en la que se instaba a la Junta a firmar con la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Salamanca un convenio donde se incluyera una aportación económica anual para garantizar la viabilidad futura de la Residencia BoniMediero.
Pablos, que ha defendido la iniciativa socialista, ha lamentado la falta de sensibilidad y de responsabilidad social mostrada por los procuradores del PP que han negado el apoyo y la viabilidad a una residencia que ejerce una importante labor y un muy buen trabajo entre los enfermos de Alzheimer y sus familiares. El dirigente socialista considera que “las administraciones públicas no deben permanecer impasibles ante la situación de dificultad que atraviesa un centro construido con fondos públicos, gestionado por una asociación sin ánimo de lucro, y cuando se están poniendo en riesgo la atención especializada que ahora reciben los enfermos de Alzhéimer ingresados en el mismo, así como los puestos de trabajo existentes en la residencia Boni Mediero”.
En la residencia, construida en un solar cedido por el Ayuntamiento de Salamanca, trabajan un total de 80 profesionales y tiene una capacidad de 48 plazas, de las que en la actualidad están ocupadas 44. Además, la asociación que la gestiona tiene en funcionamiento dos Centros de Día para enfermos de Alzhéimer, uno ubicado en la propia residencia con 15 plazas de las que están ocupadas 10, y otro en otra zona de la ciudad de Salamanca con una capacidad de 45 plazas, de las que están ocupadas 38.
Este centro, que viene funcionando en Salamanca desde el año 2000 construido con subvenciones públicas de la Junta, y que está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro, se financiaba en gran parte con las cuantías que los residentes recibían con cargo a la Ley de Dependencia. Una financiación que en la actualidad a penas llega a cubrir el 10% de los costes de funcionamiento tras los recortes en las aportaciones a los beneficiarios de dicha ley impuestos por el Gobierno. Un hecho que, según ha concluido Fernando Pablos, “está condicionando negativamente la gestión diaria de la residencia Boni Mediero y la viabilidad futura de la misma. Circunstancia que justifica, de manera más que suficiente, la petición de los procuradores socialistas encaminada a buscar el apoyo y el compromiso del Gobierno regional para la continuidad y la supervivencia de la residencia y su labor, algo que los Procuradores del PP, con su negativa a apoyar la iniciativa, han puesto ahora en peligro".
Fuente: Salamanca24horas.com
