Granadilla de Abona se declara Ciudad Solidaria con el Alzheimer a través de una propuesta de la concejalía de Servicios Sociales cuya responsable es Ana Esther Flores Ventura tras ser respaldada por unanimidad en el último pleno, y que viene a sumarse a la iniciativa liderada por la Alianza por el Alzheimer que reivindica la puesta en marcha de una política de Estado de Alzheimer. De esta forma, el Ayuntamiento quiere hacer constar su preocupación hacia este problema de primera magnitud y servir de ejemplo, con este gesto institucional, a otros municipios y apoyar la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos.
Flores Ventura señala que en Granadilla de Abona existe una importante incidencia de la enfermedad entre sus vecinos, quienes a la falta de recursos específicos han de añadir, también, las dificultades derivadas de su lejanía con respecto a áreas urbanas de mayor dimensión. La población local envejece y ello puede traer consigo en determinados casos importantes riesgos a la hora de padecer una demencia, sobre todo de Alzheimer.
Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer; la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional de Alzheimer (ADI) hicieron público un informe en el que revelan que cada año aparecen 7 millones de nuevos casos de demencia, es decir, uno cada cuatro segundos. La entidad social ACUFADE, con la que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona colabora desde hace varios años, se ha sumado a la reivindicación de la Conferencia Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA), que bajo el lema 'Alzheimer, una cuestión de Estado', demanda a los poderes públicos que se articulen los mecanismos para que las personas y familiares que padecen esta patología cuenten con un adecuado tratamiento y recursos de apoyo suficiente y eficaz.
El Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que en la actualidad afecta en España a 3,5 millones de personas, entre quienes la sufren directamente o, de forma indirecta, es el caso de familiares o cuidadores. Se trata de un problema de carácter socio-sanitario, cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar, para la que no existe tratamiento efectivo ni prevención adecuada, y cuyos costes directos e indirectos que genera entre las familias superan los 30.000 euros anuales. En la declaración aprobada en el pleno, se refleja la escasa dotación de recursos específicos para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas, y de que a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la OMS, no existe un plan específico dirigido a paliar los efectos de la enfermedad.
Fuente: Canarias 24 horas
