La portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid nos habla de la Agencia de Tutelas de Adultos de la Comunidad de Madrid, la cual 'necesita más recursos humanos, más servidores públicos especialistas en Derecho, en Psicología y en Trabajo Social'
Pregunta.- El Grupo del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid del que usted forma parte solicita que el Tribunal de Cuentas fiscalice la Agencia de Tutelas de Adultos de la Comunidad de Madrid (AMTA), ¿nos puede explicar exactamente por qué?
Respuesta.- Por dos sencillos y básicos motivos. En primer lugar, para controlar los recursos que desde los presupuestos de la Comunidad se transfieren a este organismo, que son unos cuatro millones anuales y que nunca el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado. También para seguir haciendo visible a la AMTA y llamando la atención a la Fiscalía y a los jueces responsables, a los cinco juzgados especializados en Madrid, para que se vigile más y mejor tanto a la Agencia como la gestión de los patrimonios de los tutelados.
He llegado a la conclusión de que la AMTA no ha tenido control en su gestión ni dirección política en los últimos años. Ha ido por libre.
P.- Usted ha declarado que su grupo ha recibido una docena de quejas “humanamente dolorosas” en relación a la AMTA. ¿Qué tipo de denuncias ha recibido el partido y cómo cree que debería actuarse?
R.- Empezaré diciendo que no son muchas las denuncias, pero que siempre son bastante complejas así que lo primero que hay que hacer es escuchar mucho y recurrir a potenciar la figura de la mediación. Dedicar tiempo a buscar la mejor solución posible.
Las denuncias son de tres tipos: de madres o padres que quieren recuperar la tutela de sus hijos, en estos casos yo soy muy partidaria de que la recuperen salvo que se vea claramente una incapacidad psicológica o económica para asumir esa responsabilidad, las pobres estadísticas nos dejan ver que la recuperación de tutelas es nueve veces mayor en hijos menores que en hijos mayores; de hermanos en conflicto sobre quién y cómo tutelan a su padre o madres o a ambos, en estos casos soy más partidaria de que la tutela se la queden los poderes públicos y que así sus hijos se retraten en sus visitas y cuidados; y de personas solas que no están en centros y que por diferentes problemas viven con algún grado de desestructuración y que deben ir semanalmente por la Agencia pero que se les hace poco seguimiento, solo el de ir a por su dinero para la semana cada siete u ocho días. Aquí hay que vincular mucho más a los Servicios Sociales comunitarios o municipales.
P.- El Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, señaló en una Comisión un aspecto que la AMTA no esta desempeñando correctamente: el retraso en la presentación de inventarios patrimoniales de los tutelados. ¿Está incumpliendo la agencia madrileña los tiempos legales en este aspecto?
R.- Rotundamente sí. La AMTA está obligada por Ley a elaborar un informe anual de la gestión de cada tutelado y de su patrimonio, y la Fiscalía reconoce que lleva años recibiendo tarde y mal (“mal” lo añado yo y te diré por qué) estos informes.
La Fiscalía de y para personas con discapacidades y tutela tiene también por Ley que realizar dos informes anuales de cada tutelado y el señor Moix nos reconoció que no dispone de fiscales suficientes para realizar los informes y las visitas a los centros donde están alojados.
Hablamos de entre 4.500 y 5.000 personas adultas en situación de tutela, de 600 expedientes anuales y no hay suficientes equipos multiprofesionales en la AMTA, ni suficientes fiscales especializados. En la Memoria de 2012 de la Fiscalía, la última publicada, se recoge que disponemos de tres fiscales a tiempo completo y de cuatro a tiempo parcial.
Estos déficits afectan a la transparencia y ágil gestión en la atención a las personas y sus familias.
Voy a darle un dato más que recoge el Libro Blanco de la Fiscalía de España: dedicamos, a la Justicia, el 0,3% de nuestro PIB. Creo que el dato nos muestra que así no es fácil tener una Justicia rápida, que es la forma de tener Justicia.
P.- El Fiscal Moix también declaró que existe una “insuficiencia” de medios en la agencia madrileña y que esta obstaculiza su correcto desempeño. ¿Está la AMTA descuidando las tutelas por falta de personal o recursos?
R.- La AMTA no ha funcionado rigurosamente y nosotros, los parlamentarios, no hemos controlado como deberíamos a esta agencia invisibilizada y oculta.
Fruto de las denuncias que nos han llegado y trayéndolas a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea, hemos conseguido cambios de responsables y que se conozca mejor y que se tomen decisiones para una gestión más eficaz. La AMTA necesita más recursos humanos, más servidores públicos especialistas en Derecho, en Psicología y en Trabajo Social. ¿Sabe usted que la Agencia tiene 18 personas trabajando para ella, pero como autónomos, y ocho o diez personas subcontratadas a ONG? Una locura.
Hay que revisar la Ley que ya tiene casi 20 años y adecuarla a las nuevas y crecientes necesidades dotándola de los medios necesarios.
P.- Carolina García Durrif, directora gerente de la AMTA, aseguró, en marzo de este año, que remitiría la auditoría de las cuentas de la agencia a los grupos parlamentarios que la solicitaron. ¿Han recibido ya esa documentación?
R.- No. No hemos recibido la Memoria Anual ni el Plan Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación de los Patrimonios como obliga la Ley en sus artículos 9 y 12. Ni lo han colgado en la página web de la Consejería. No hay Memoria desde 2007.
Pero hay que reconocer que la nueva responsable, la señora García Durrif, ha contratado a una UTE de dos empresas para digitalizar documentos bancarios de los tutelados y gestionar, con un sistema software, los informes para jueces y fiscales. ¿Ve usted por qué le decía que la AMTA estaba mal gestionada? Trabajaban artesanalmente, al modo de los funcionarios de los chistes de Mingote, con manguitos y sin medios. ¿A quién le ha podido interesar trabajar tan irregularmente?
En la AMTA tienen que aprender a funcionar democráticamente y con transparencia, cosa que no han hecho en estos últimos años.
P.- Los grupos parlamentarios también solicitan la comparecencia en la comisión de la fiscal responsable de Incapacidades y Tutelas en Madrid capital, Nuria López Mora, relacionada con el caso Afal Futuro. ¿Qué cuestiones podría aclarar la intervención de la fiscal?
Pretendíamos que viniera la fiscal directamente responsable y así “no molestar” al Fiscal Superior, pero la Ley deja claro que a los parlamentos se puede convocar sólo al máximo responsable de cada fiscalía y así es como vino el señor Moix. Por cierto, que no había venido nunca a presentar sus memorias anuales y esto es un fallo parlamentario que no debería repetirse.
La denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, por parte de familias y trabajadores de Afal, ha llevado a la apertura de un expediente con la presunción de delitos e irregularidades por parte de los gestores de Afal y a una lección democrática importante, no hay que resignarse ni mirar hacia otro lado nunca.
P.- Por su parte, Alberto Reyero, miembro de la comisión por UPyD, mostró su preocupación por el caso Afal Futuro y las posibles consecuencias de este en la propia AMTA y la Comunidad. ¿Creen que este caso podría salpicar a la agencia madrileña?
R.- El escándalo de Afal bien llevado por los familiares afectados y por algunos trabajadores, ha mostrado los fallos de funcionamiento de la AMTA, de la Fiscalía y de los cinco juzgados especializados y nos deja una puerta abierta y un interrogante sobre cómo se está gestionando los patrimonios de tutelados en las diferentes fundaciones que existen en España y en esta Comunidad.
Hay que exigir auditorías generales y de gestión de patrimonios a todas las fundaciones, ONG e instituciones que tutelen a adultos (esto es competencia también de la Justicia) y personalmente pienso que no debería haber tantas fundaciones con capacidad de tutela. También pienso que las personas tuteladas por los poderes públicos y en centros residenciales deberían estarlo en un número reducido de centros para facilitar las visitas de los fiscales y especializar a los equipos de responsables de estos centros. Una medida sencilla y fácil de poner en marcha para un mejor control en beneficio de todos.
P.- Abogados contra la Corrupción ha interpuesto, desde 2013, varias denuncias contra la AMTA en los juzgados de instrucción número 35 y 51 de Madrid por delito de falsedad y prevaricación administrativa; detención ilegal; y delitos continuados contra la integridad moral y maltrato psicológico hacia alguna de las personas tuteladas, pero ninguna parece salir adelante. ¿Tiene constancia de estas denuncias?
R.- No. Es usted la primera persona que me lo dice. Me alegro de la noticia y me pondré en contacto con Abogados contra la Corrupción para ver si puedo, podemos, serles útiles.
Vivimos en la era de la comunicación y nos enteramos poco de tantas informaciones convenientes y necesarias para nuestros trabajos. “Caminante no hay camino, se hace el camino al andar”, que decía mi admirado Antonio Machado.
P.- La Asociación Española de Familiares afectados por Entidades Tutelares (Aefet) también reconoció a este periódico haber recibido las quejas de numerosos familiares de tutelados por parte de la AMTA por abuso o desamparo a los tutelados. ¿Se están teniendo en cuenta las denuncias públicas de las asociaciones y fundaciones que intentan proteger a las víctimas y familiares?
R.- Claro. Los parlamentarios estamos para canalizar las denuncias de la ciudadanía y hacer propuestas que permitan resolver definitivamente los fallos o errores detectados. Los parlamentarios estamos para que las instituciones funcionen y para que los recursos públicos estén realmente al servicio del bien común y la Justicia también está para realizar tal fin. Media docena de quejas a UPyD y al PSOE han permitido que hagamos visible un área de trabajo social que se mantenía en una esfera privada y proponer una necesaria coordinación y transparencia.
He intentado en cada pregunta dejarle propuestas de actuaciones que hemos de revisar y plantear y en ello estamos. También hay que exigir al Consejo de Administración de la AMTA que dé a conocer el trabajo que tienen la obligación de realizar.
Fuente: entremayores.es
