La dependencia pierde una media de 3.413 beneficiarios cada mes desde que comenzó 2014. En total, son 17.065 personas menos recibiendo ayudas en estos cinco meses. El programa de ayudas para asistir a las personas que no pueden valerse por sí mismas es incapaz de incorporar nuevas personas al ritmo de las bajas que se producen por el fallecimiento de beneficiarios, según el informe del Observatorio de la Dependencia, que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Comparados con los datos de hace dos años y medio (diciembre de 2011), el retroceso es de 1.810 usuarios, lo que refleja un “claro estancamiento del sistema”.
Mientras el pasado 31 de diciembre un total de 753.842 dependientes recibían la prestación, la cifra se ha reducido a 736.777 a 31 de mayo de este año, según los últimos datos oficiales. Es una cifra inferior a las 738.587 personas que recibían ayudas en diciembre de 2011.
La Comunidad Valenciana y Canarias, las peores
Nueve de las 17 comunidades autónomas suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, según la valoración elaborada por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Las peores son la Comunidad Valenciana y Canarias, seguidas de Baleares, Aragón, Ceuta y Melilla. A todas ellas señalan los responsables del trabajo, que acusan a estas regiones de mantener "su empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla, poniendo a sus ciudadanos en una situación de desprotección respecto al resto". Tampoco llegan al aprobado Asturias, Galicia, Madrid, Navarra y Cataluña.
En términos generales "continúa registrándose una tendencia negativa en la implantación de la ley, con especial preocupación en los principales indicadores, que ya no mantienen en los últimos cinco meses ni la tasa de reposición".
Solo Castilla y León y País Vasco destacan en la aplicación de la norma.
Los profesionales de los servicios sociales destacan que este retroceso en la población atendida no obedece a que caiga la demanda de atención, ya que existe una enorme bolsa de personas que tienen derecho a percibir ayudas pero, a pesar de ello, no las reciben. En buena parte, porque las autonomías no tienen dinero para pagarlas (como sucede en la Comunidad Valenciana y otras autonomías con las prestaciones de ayuda familiar).
Hay 184.060 personas en esta lista de espera. Es cierto que el volumen ha descendido, ya que en diciembre de 2011 alcanzaba los 305.941 dependientes. ¿Cómo se explica que se haya reducido tan sensiblemente esta bolsa de personas que esperan ser atendidos y sin embargo no aumente el número de beneficiarios, sino que caiga?
En buena medida, por el fallecimiento de personas aguardando las prestaciones. "Considerando la alta tasa de mortalidad de las personas dependientes, es obvio que miles de personas causan baja por fallecimiento antes de recibir servicios o prestaciones, reduciendo así la lista de espera", destacan los trabajadores de los servicios sociales.
El informe también destaca el retroceso en la financiación estatal del sistema de ayudas. De soportar el 40% del coste del sistema en 2009, el Ministerio ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013. En este periodo, la aportación de las comunidades autónomas ha crecido del 50,8% al 62%, y el copago de los usuarios casi se ha duplicado. De asumir un 10%, los beneficiarios han pasado a hacerse cargo del 19% de la financiación de la dependencia. “Resulta evidente que la aportación estatal ha ido menguando proporcionalmente al incremento del copago, recayendo la mayor parte del esfuerzo en las autonomías”, indica el documento.
Fuente: elpais.com
