La deuda de más de un millón de euros que la Conselleria de Bienestar Social mantiene con el Ayuntamiento de Villena por la gestión del Centro de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS) vuelve a poner en jaque la continuidad del servicio, dedicado a la atención a enfermos mentales.
El concejal de Bienestar Social, Fulgencio Cerdán, advirtió ayer de que la situación es «insostenible para las arcas municipales» y manifestó que ha solicitado una reunión con la consellera, Asunción Sánchez Zaplana, «para informarle de que si la Generalitat no se corresponsabiliza con el pago de este servicio y asume parte de la deuda, habrá que reformular el modelo de financiación del centro y no se descarta eliminar servicios».
Fulgencio Cerdán explicó que la Generalitat adeuda al Consistorio villenense el 40% de las ayudas reconocidas por la gestión del CRIS del ejercicio 2011; el 100% del 2012 y el 70% de 2013. Así, el el volumen de la deuda «asciende a más de 1.300.000 euros», estimó el responsable de Bienestar Social.
En la reunión, además, Cerdán pedirá a la consellera la ampliación de las plazas públicas en el Centro de Día que gestiona la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Villena y comarca. Las instalaciones tienen capacidad para asumir 80 plazas y en la actualidad sólo 20 son públicas. «Vamos a solicitar que se aumenten las plazas públicas, ya que a pesar de la existencia de una lista de espera para acceder al centro, los familiares no tiene recursos para sufragar la plaza». Además, advirtió de que ante esta situación, «se puede dar el caso de que la falta de usuarios provoque su cierre», afirmó Fulgencio Cerdán.
Ayer por la mañana, el concejal de Bienestar Social y el diputado autonómico socialista, José Manuel Sánchez, mantuvieron una reunión con los técnicos de Servicios Sociales de Villena para analizar las repercusiones derivados de la tardanza del Consell en resolver los expedientes para la concesión de la ayuda relacionada con la Renta Mínima Garantizada. Son «cincuenta expedientes de familias villenenses sin recursos los que están paralizados y el Ayuntamiento, ya ha adelantado a las mismas más de 52.000 euros», aseguró Cerdán.
Por su parte José Manuel Sánchez denunció «la injusticia que supone el nuevo decreto por el que las personas dependientes deben cofinanciar los servicios que reciben». El PSOE ha presentado en las Cortes una proposición no de ley para paralizar este decreto «por el que se pretende que sean los propios centros, y las asociaciones que los gestionan, los que asuman el mantenimiento de los centros y los salarios de sus trabajadores, a través de las cuotas de los usuarios», denunció el diputado socialista.
Fuente: diarioinformacion.com
