La Junta eximió a 36 entidades cordobesas, 13 de ellas de carácter privado, de demostrar la realización de cursos de formación entre 2009 y 2012, según se desprende del listado de firmas que se beneficiaron de esta medida y que difundió el Gobierno andaluz hace dos días. En la relación de entidad figuran 19 ayuntamientos de la provincia y tres mancomunidades, que son las del Guadiato, los Pedroches y la Campiña Sur. Entre los ayuntamientos se encuentran, entre otros, los de Adamuz, Aguilar, Baena, Cabra, Montilla, Montoro, Palma, Peñarroya y Posadas. En el listado de beneficiarios por la renuncia a la fiscalización de la Administración autonómica en relación a los cursos de formación se halla un organismo dependiente del Ayuntamiento de Córdoba, que es el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).
Algunas de las empresas cordobesas liberadas de justificar su actividad formativa tienen un peso importante en la provincia, como es el caso de Faasa Aviación o Atlantic Copper. En el paquete están incluidas, además, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y algunas organizaciones de carácter social y de autoayuda, como las asociaciones Cordobesa para la Integración, contra la Esclerosis Múltiple, contra el Parkinson y de Alzheimer San Rafael. En el documento emitido el lunes por la Junta llaman la atención también el Consorcio Escuela de la Madera (Cemer) y el Consorcio de Joyería.
En Andalucía hay más de 2.000 entidades a las que la Junta exoneró en 2012 de justificar las subvenciones para cursos, pero hasta esta semana no se han conocido de cuáles se trataba. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no publicó en el BOJA una resolución de diciembre de 2012, firmada por el consejero Antonio Ávila, por la que se liberaba a organizaciones beneficiarias de ayudas por cursos de formación para el empleo de tener que justificar las ayudas recibidas, con lo que podían seguir recibiendo más subvenciones sin haber tenido que fiscalizarse otras anteriores. El SAE ha justificado estas exenciones en «circunstancias de especial interés social» derivadas de los graves problemas de financiación que ha ocasionado la crisis a las entidades beneficiarias para poder afrontar los gastos de la ejecución de los cursos. También explica que se trata de una excepción a la ley general de la Hacienda Pública de Andalucía.
Fuente: abc.es
