«Aquí no se hacen ladrillos, se cuidan a personas con demencia». Con la voz cortada por la impotencia, Mari Pepa Rodríguez, presidenta de la Federación Provincial de Alzheimer y de la entidad en La Isla, se dirigía a todos los trabajadores y familiares que acudieron a la protesta que se llevó a cabo en el centro Dolores Castañeda de la ciudad, para exigir el pago que la Junta de Andalucía adeuda desde el pasado mes de enero. «Ellos no pueden hablar, pero nosotros seremos sus voces y los centros de Alzheimer no van a cerrar». Pero parece complicado que se pueda evitar, a menos que la situación dé un giro de 180 grados.
Ahora mismo el débito de la Junta asciende a más de 1,4 millones de euros y esta situación de impago ha desembocado en la disminución de los servicios que prestan las entidades, la rescisión de contratos de profesionales, el inicio de expedientes temporales de regulación de empleo y algunas ya se han encaminado hacia el cierre definitivo, por la imposibilidad de hacer frente a los gastos que generan los servicios especializados que realizan este tipo de instalaciones, unas 23 en todo el marco de la provincia de Cádiz.
Los datos son demoledores y preocupantes puesto que en años anteriores la plantilla total con la que se contaba superaban los 700 profesionales y ahora hay cerca de unos 400. Programas como el de Respiro han tenido que ser suprimidos ante la imposibilidad de sacarlos adelante y la situación empeora por cada mes que pasa.
Corte de tráfico
«Es una batalla psicológica por la incertidumbre que existe y ante la impotencia de no poder hacer nada. Ni siquiera sé a quién dirigirme porque aún no tenemos delegados provinciales y cuando contacto dicen que no me preocupe, pero la situación empeora».
Minutos antes de las declaraciones los trabajadores habían decidido cortar el tráfico por la zona en la que se encuentra el centro. Incluso llegaron a obligar a un vehículo que tenía un rótulo de la Junta de Andalucía a dar marcha atrás, debido a que la marea de personas, que se manifestaron ayer, no dudaron en aproximarse al vehículo, con la intención de increpar la actitud que mantiene la administración. Una reivindicación que se extiende a la mayoría de asociaciones de ayuda mutua, motivo por el que allí también estuvieron otras entidades locales.
Porque la falta de recursos es una seria amenaza para este tipo de centros que son un pilar básico para la atención de personas mayores o con algún tipo de demencia o enfermedad. La crisis económica está ahogando a las asociaciones asistenciales y si el panorama no cambia en pocos meses, la situación será dramática. Los impagos por parte de las administraciones son la sentencia de muerte para estas organizaciones que temen que el final se acerque, y no se le pueda poner remedio.
Fuente: lavozdigital.es
