José López Antuña Licenciado en Ciencias Sociales y Graduado Social La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal (ley 39/2006) para satisfacer las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía constituyó, a mi juicio, el mayor avance en protección social en España en los últimos lustros, ya que ha logrado una exigencia obligada a cualquier Estado desarrollado que se precie: materializar en un derecho subjetivo el cuarto pilar del Estado del bienestar.
La atención a este colectivo es un mandato ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, mantenida y ajustada al actual modelo de nuestra sociedad. Hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esa situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan. Nuestra propia Constitución se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. El Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, este Gobierno deja patente con sus continuos y brutales recortes que los derechos de los dependientes no son una prioridad y que sus planes políticos son la práctica derogación de la citada ley. En la situación de crisis actual son necesarios una gestión y un aprovechamiento óptimo de recursos y un control eficiente de los gastos e ingresos. Es necesario aplicar a todos los presupuestos, de todos los entes públicos, los criterios de "presupuesto base cero" cuestionando absolutamente todas las partidas existentes, priorizándolas y analizándolas una por una, para mantener las imprescindibles, pero con criterios de eficiencia y racionalidad: el Gobierno en los Presupuestos para 2014 recoge un recorte del 36,4% en la partida para servicios sociales y promoción social; la partida para dependencia baja un 46% (más de mil millones de euros); también baja el dinero para la protección familiar y para políticas relacionadas con la violencia machista, así como ha sido efectiva la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.
La dependencia, por ende, sufre un gran recorte de su nivel mínimo, una cuantía básica que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para su gestión. El proyecto recoge, además, la suspensión de determinados artículos de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, como los que establecen que la asistencia a los dependientes se prestará en función del nivel de protección que se acuerde con las autonomías en los convenios que se firmen en el marco del Consejo Interterritorial de Dependencia, por lo que no se negociará con las regiones.
Por contra, el Presupuesto prioriza los intereses de la deuda del rescate de la banca, a la que sin auditoría tenemos que hacer frente injustamente quienes en su mayor parte no somos responsables: 35.000 millones. Eso sí, aparecen partidas como 13 millones de euros para el elitista club de campo de Madrid; el presupuesto del parque móvil del Estado ha crecido un 1,6%, hasta los 42 millones; la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén se lleva 33.060 euros; obras y mantenimiento del Parlamento, 6,8 millones; 309.000 euros son para curas en las cárceles; 3.930, para atención religiosa a islamistas en prisión; y 82 millones, para partidos políticos, un 27% más que este año. De esa cantidad, 29 millones son para ayudarlos a sufragar las elecciones europeas de 2014. A eso hay que sumar la cantidad que reciben por motivos de seguridad: 2,7 millones; gastos reservados, 19,8 millones; los asesores y cargos de confianza del Gobierno serán 644, dos más que en 2013. Presidencia tendrá 267, uno más que ahora. Todos sus salarios suman 23,9 millones de euros, dos más que en la actualidad.
El Gobierno asestó primero un severo recorte a través del real decreto ley 20/2011 y ulteriormente con el real decreto ley 20/2012 modificando el calendario que retrasó la entrada de personas dependientes con grado I hasta julio de 2015, impidiendo que nuevos dependientes accedieran al sistema, y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no hayan percibido durante el tiempo de espera, pese a tener el derecho reconocido, porque su grado de discapacidad es moderado a pesar de que entre estas personas se encuentran quienes necesitan ayuda para algunas actividades básicas y tienen necesidades de apoyo intermitente para su autonomía personal. También supuso el recorte de al menos un 15% en la prestación de los cuidadores familiares, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar, a quienes se les exige unos conocimientos mínimos para concederles la asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales. Además, desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo, y define unos criterios comunes para determinar la capacidad económica del usuario que se calculará, además de con la renta, con su patrimonio.
Estos recortes causan que decenas de miles de dependientes ya reconocidos fallezcan sin recibir la atención. A base de reformas restrictivas y la "simplificación en el proceso de valoraciones" -revisar grados para rebajar los pagos- se recortan 1.108 millones. Un 10% proviene del copago que asumen los beneficiarios. Por esa misma vía, el Gobierno planifica otro recorte en 2014 por valor de 168 millones más y prevé un incremento del copago de un 5%, pasando a pagar del 10% al 15%, es decir, un 50% más. El tiempo de espera para ser reconocido por el Estado se amplía en dos años frente a los seis meses ya establecidos. Hasta ahora, cuando el Estado se demoraba más de seis meses en la tramitación se creaba una deuda con la persona dependiente. Ahora, el Estado tendrá dos años extra y dispondrá de hasta ocho para pagar las deudas contraídas con las familias, y como el 54% son mayores de 80 años y la esperanza de vida en esta franja de edad se sitúa entre los dos y los tres años, muchas personas morirán sin ver reconocido su derecho o sencillamente desistirán de reclamarlas.
Este recorte estatal supone un insoslayable quebranto económico a las comunidades autónomas al carecer de margen por el apremio de la ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta por el Gobierno. En teoría, el Estado debería aportar el 50% del gasto público de la dependencia, pero en 2012 sólo puso el 21% y ahora el Gobierno rebaja un 13% la aportación del Estado al nivel mínimo de protección, es decir, el dinero que reciben las autonomías por cada dependiente en función de su gravedad. Esta reducción significa que los gobiernos autonómicos percibirán unos doscientos millones menos. A este nuevo ajuste hay que sumar los 283 millones suprimidos por el Ejecutivo a través de los Presupuestos en marzo y que ya supuso un gran revés.
Una vez más, el Estado recorta derechos y servicios a los más débiles y necesitados ocasionando un estropicio en la política social de España y atentando, en este caso, contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas.
El resultado es la pérdida y la reducción sangrante de beneficiarios, de empleo y prestaciones y servicios (teleasistencia, ayudas a domicilio, centros de día, plazas en residencias, prestaciones para cuidadores familiares...). La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora un trabajador pierde su empleo. Los números hablan por sí solos.
Fuente: Ine.es