La sujeción mecánica o química de pacientes con enfermedades neurodegenerativas es una realidad en el ámbito asistencial actual.
Aunque no hay datos reales de prevalencia, las estimaciones apuntan a que oscilan entre el 20 y el 40 por ciento de los pacientes ingresados en residencias o centros para mayores tanto concertados como privados. Cifras muy superiores a otros países como Dinamarca, que apenas superan el 2 por ciento.
Ante este panorama, Ciudadanos registró hace unos meses una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para regular el uso de las sujeciones, y que se debatirá esta semana.
Como explicó en rueda de prensa, Francisco Igea, portavoz de Sanidad de C’s, es una medida excepcional que limita la libertad de movimientos de los pacientes y que solo debe de ser tomada en situaciones excepcionales de riesgo para la integridad, o bien de los pacientes o bien de terceros.
Sin embargo, es frecuente el uso de dichas sujeciones como alternativa en casos de insuficiencia de personal, lo cual es completamente contrario a la legalidad y a la “lex artis”. En cualquier caso, como explica Igea, no puede ser una excusa la falta de personal para tener a una persona inmovilizada. “Es, además de contrario a la dignidad de las personas, potencialmente lesivo”, asegura.
Para el director técnico del Programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Antonio Burgueño, está demostrado que produce atrofia muscular, úlceras por decúbito, heridas, disminuye la movilidad e incrementa el deterioro físico y mental de los pacientes sometidos a estas técnicas.
En otros países, estas prácticas se encuentran limitadas, por lo que todo apunta a que es posible regular y limitar su uso sin alterar el normal funcionamiento y rendimiento de los centros que albergan a estos pacientes.
En opinión del especialista en sujeciones de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares con Alzhéimer, Rubén Muñiz, es preciso llevar a cabo un cambio de mentalidad. “Hay experiencias en centros libres de sujeciones”, comenta, al tiempo que reconoce que la apuesta por el fin de esta práctica es sinónimo de calidad.
Ante este vacío legal existente, la formación naranja insta al Gobierno realizar los cambios normativos precisos, tras acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, para que se proceda a solicitar a todos los centros y residencias geriátricos llevar un registro que incluya el número total de pacientes, estado mental, número de pacientes con sujeción mecánica, entre otros datos. Asimismo, proponen realizar los cambios normativos precisos para que se proceda a hacer obligatorio la revisión periódica de la necesidad o no de sujeción mecánica por parte de un facultativo del Sistema Nacional de Salud ajeno al centro.
Los expertos coinciden en que este proceso no será corto, y que no se puede llevar a cabo de un día para otro. Por ello, consideran que la instauración de medidas para la eliminación de sujeciones puede ser progresiva. La formación propone incentivos que incluyan la priorización de dichas residencias ‘libres’’ en los conciertos así como, si fuera el caso, mejoras en las condiciones económicas de los mismos.
