Las consecuencias de la crisis están llegando demasiado lejos. Así piensan los responsables de diferentes colectivos con fines sociales que desarrollan su labor en Talavera y comarca y que en los últimos tiempos se están sintiendo «asfixiados» por los retrasos en los pagos del Gobierno regional, lo que les ha obligado a transformar en muchos casos la gestión de sus programas. Los incumplimientos de pago corresponden al ejercicio 2011, e incluso algunos al año anterior, ya que para 2012 aún no se han convocado las ayudas a las que podrán acceder, y las deudas se mueven entre los 17.700 euros que adeudan a Afibrotar y los 175.000 a Atandi.
Los más perjudicados, en estos casos, son los socios y beneficiarios de los servicios sociales así como los trabajadores de los mismos, ya que los que no han sido despedidos, continúan con su labor sin recibir la nómina a fin de mes. Otros, los menos, cobran mientras que algunas asociaciones funcionan incluso con voluntarios.
Talavera Acoge sufre estas consecuencias desde finales del pasado año. Fue entonces cuando rescindieron los contratos de sus seis trabajadores, a los que además les debían seis meses, para funcionar con personal voluntario que, curiosamente, son los mismos trabajadores sin nómina. Esto ha motivado que, además de cerrar las casas de acogida para inmigrantes, el resto de servicios como clases de castellano, ropero e información y atención al inmigrante se hayan reducido en días y horas, explica su presidente, José Luis Illán.
Nada se sabe de los 90.000 euros que les adeuda la Junta correspondientes al convenio del pasado año, «ni contestan al teléfono», añade, y el resto de gastos los soportaron con una póliza de crédito que ya se acabó. «Se nos parte el corazón cuando no podemos dar servicios a gente con necesidades urgentísimas, los hemos dejado desamparados», insiste Illán.
La cantidad adeudada se rebaja hasta los 40.000 euros en el caso de ATAEM (Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple) donde, aunque no han despedido aún a ninguno de sus nueve trabajadores, llevan dos meses sin cobrar «y aguantaremos muy poquito más». No obstante, recuerda que despidieron a la psicóloga el pasado mes de septiembre, cuando fueron conscientes de la situación.
Ignacio López, presidente del colectivo que atiende a unos 50 afectados cada semana, confirma que aún no han prescindido de ninguno de los servicios que ofrecen habitualmente, pero asegura cabrearse cuando piensa que «los más perjudicados son siempre los mismos». Además, confirma la ayuda de los actos benéficos que se destina al mantenimiento del centro y se niega a aceptar que los enfermos no tengan algún día dónde asistir a recibir tratamiento. «Si las asociaciones desaparecen, el Hospital se colapsaría, las administraciones nos necesitan para ofrecer un tipo de servicio pero para ello nos tienen que dar las ayudas».
También sin nómina se encuentran los 12 trabajadores de Atafes (Asociación Talaverana de Amigos, Familiares y Enfermos Psíquicos) que llevan algunos meses asistiendo a sus puestos conscientes de que no cobrarán a final de mes, al menos hasta que la Junta haga efectivo el pago de 100.000 euros correspondiente a los últimos cuatro meses. «A finales de enero han cobrado un mes», afirma Argimira González, su presidenta, «pero siguen cumpliendo con su obligación», relata orgullosa. Aparte de los sueldos, también se han visto recortadas las salidas de ocio que sí celebraban otros años, todo con la intención de no reducir en lo realmente importante, los servicios sanitarios a los enfermos, alrededor de una centena. No obstante, González se muestra segura de que, aunque sea tarde, el dinero llegará. «El convenio de 2011 está firmado y lo tienen que pagar», a la vez que confirma que la Diputación sí lleva los pagos al día y con el Ayuntamiento no tienen ninguna relación económica aparte de cosas puntuales.
Cierre del CAI. El cierre del Centro de Atención Integral Alfar de Jesed de Cáritas ha sido la consecuencia principal del impago acumulado durante varios meses. La medida, que será efectiva el próximo miércoles, implica la rescisión del contrato de cuatro trabajadores sociales y monitores y el desamparo de personas sin hogar. La organización católica asegura que es imposible seguir afrontando con recursos propios el mantenimiento del centro y las nóminas, lo que venía haciendo desde junio. Ahora, por el momento, y a pesar de las dificultades económicas, Cáritas seguirá con el comedor social y el banco de alimentos, donde será fundamental la labor de los voluntarios.
La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Talavera, AFATA, vive esta situación «a duras penas» y gracias al aumento de las cuotas a los familiares. Por ello, siguen adelante los servicios y los trabajadores. Su presidenta, Alicia Peñuela, explica que el Gobierno regional les adeuda la mitad del convenio del pasado año, unos 80.000 euros que destinan al mantenimiento del Centro de Día y a los trabajadores, que por el momento están cobrando todas las mensualidades. «Aguantaremos poquito más», a la vez que cree que estos retrasos en el pago «son muy graves, porque somos asociaciones de enfermos, y no se los puede dejar de prestar servicio».
También siguen cobrando los tres trabajadores de Afibrotar (Asociación de Fibromialgia de Talavera) aunque tuvieron que prescindir del auxiliar administrativo. El último pago recibido de la Junta, 3.000 euros, se remonta a mayo, mientras que el montante total que aún les deben es de 17.700 euros. Los servicios ofrecidos -fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, entre otros- siguen ofreciéndose pero su portavoz, Milagros Ortega, desea destacar la ayuda de 15.000 euros recibida del Proyecto Solidario Futurart.
Por su parte, la Asociación Socio-Cultural San Andrés sigue sin cobrar el 50 por ciento de los programas que desarrollan en la ciudad destinados a la reinserción social o ayuda a niños con necesidades intelectuales y tras despedir a una trabajadora social. Asimismo, se encargan de la Casa de Acogida desde 1997, gestión que probablemente abandonarán por las nuevas condiciones impuestas desde el Ejecutivo castellano-manchego. No obstante, sus ocho trabajadoras no perciben sus nóminas desde agosto esperando cobrar los 140.000 euros que les adeudan, y serán despedidas si la prórroga de la Casa de Acogida no se renueva. «Tenemos que hacer una reorganización del equipo de voluntariado porque profesionales quedarán pocos», asegura Jesús Engenios, presidente del colectivo.
En Atandi (Asociación Talaverana de Niños de Integración) no están mucho mejor. Sus trabajadores no han cobrado en los últimos tres meses pero por el momento no han cancelado servicios a pesar de que la deuda contraída con el Gobierno regional asciende a 175.000 euros, la más elevada de todos los colectivos en Talavera. Este hecho ha llevado a algunos padres a darse de baja al tener que pagar las cuotas de la asociación mientras que antes las afrontaban con las becas de sus hijos, que tampoco llegan. Pese a la situación, el presidente de Atandi, Venancio Rubiales, apuesta por la resignación y la entereza: «Hay que aguantar, y si conseguimos aguantar, esto volverá a la normalidad».
Fuente: latribunadetalavera.es
