Con el objetivo de contribuir a mejorar la efectividad de la Ley la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como “Ley de Dependencia”, CEAFA, Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, como representante del 60% de los potenciales beneficiarios de esta Ley, propone un paquete de medidas que también pretende defender los derechos y especiales necesidades de las personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer, principal causa de dependencia en España.
De este modo, en primer lugar, pide llevar a cabo una revisión en profundidad del baremo de valoración de dependencia, dando una mayor dimensión a los factores no estrictamente físicos e incorporando aquellos vinculados con las demencias que permitan establecer el nivel de consciencia con el que las personas con demencia realizan las actividades básicas de la vida diaria.
En segundo lugar, solicita que los equipos de valoración sean multidisciplinares y que todos sus miembros reciban previamente una formación específica que les capacite para enfrentarse a los procesos de valoración de las personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer u otras demencias.
Facilitar los trámites iniciales de solicitud de valoración, minimizando al máximo la burocracia y reduciendo los plazos de resolución, es la tercera de las medidas que se proponen para agilizar el acceso a los recursos y servicios previstos por la Ley de Dependencia.
En cuarto lugar, CEAFA propone mejorar los procesos de seguimiento de la Ley y para ello solicita que las revisiones por parte de los equipos de valoración se realicen cada 3 meses, y no cada año como hasta ahora, ya que las capacidades pueden disminuir en un tiempo inferior y la situación de deterioro puede verse agravada por la falta de atención especializada.
Asimismo, en quinto lugar, considera imperativo hacer un mayor esfuerzo en la inversión para dotar al Sistema de los recursos y servicios que contempla la Ley, de modo que todas las personas dependientes puedan acceder a ellos con garantía de calidad.
El reconocimiento del derecho de libertad de elección es la sexta de las medidas que según CEAFA debe facilitar a la persona dependiente o a aquella que asuma su cuidado o tutela que tengan la capacidad de decidir sobre los recursos que considere más adecuados de acuerdo con los equipos de valoración y de resolución.
En séptimo lugar, con el objetivo de evitar la picaresca que se produce en la percepción de determinadas cantidades económicas que no se destinan al objeto para el cual se conceden, se propone priorizar el acceso a servicios y recursos especializados, por encimar de la simple prestación económica.
En octavo lugar, urge a las Administraciones garantizar la adecuada financiación para hacer del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una herramienta sostenible en el tiempo, para lo que según los órganos decisorios lo lógico es destinar al menos el 1,5% del PIB.
En este sentido, su noveno punto hace referencia al Co-pago, medida que siendo extraordinaria, temporal y basada en la renta de la persona dependiente, no debe ser obstáculo a la hora de garantizar a cualquier beneficiario el acceso a los recursos que precisa según su grado y nivel de dependencia.
En décimo lugar, también se solicita actualizar el número de dependientes, ya que las cifras oficiales se sitúan muy por debajo de la realidad, y se insta a las Administraciones a equilibrar los recursos y disponibilidades financieras y presupuestarias a la población realmente dependiente que existe en el país.
En penúltimo lugar, se recuerda que las asociaciones del llamado “Tercer Sector” constituyen un referente que debe ser aprovechado por los órganos decisorios en aquellos niveles donde su contribución pueda ofrecer resultados positivos y adecuados para el conjunto de personas dependientes del país.
Y por último, desde CEAFA se hace especial hincapié en la necesidad de que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas hagan un ejercicio de responsabilidad y de madurez para aparcar las diferencias políticas que en estos tres años de implantación de la Ley, se han convertido en un verdadero lastre para impulsar los recursos, servicios y prestaciones de las que precisan un importante número de personas para vivir con calidad y dignidad, dada su condición de dependientes.
Resumen de las 12 medidas propuestas
- Revisión del baremo de valoración de dependencia más allá de las capacidades físicas y teniendo en cuenta el nivel de consciencia en la ejecución de las actividades que forman parte de la vida cotidiana.
- Atención a los equipos de valoración para su mejor capacitación profesional.
- Reducción de plazos de trámites y resoluciones para agilizar el acceso de las personas dependientes y sus familias a los recursos y servicios.
- Mejora de los procesos de seguimiento de la dependencia realizando revisiones cada de tres meses.
- Optimización de la cartera de recursos del sistema haciendo un mayor esfuerzo en la inversión de recursos y servicios para que todas las personas puedan acceder a aquellos que más necesitan.
- Reconocimiento del derecho de libertad de elección en los servicios y recursos más necesarios en función de las causas que produzcan la dependencia.
- Optimización de la prestación de servicios, priorizando la prestación de servicios, por encima de la económica.
- Aseguramiento de la financiación destinando al menos el 1.5% del PIB.
- Copago: Considerar el copago como una medida extraordinaria y temporal que no obstaculiza el acceso de la persona a los recursos y servicios que precisa en función de su nivel y grado de dependencia.
- Actualización del número de dependientes para ajustar las partidas presupuestarias.
- Mayor peso del Tercer Sector en los órganos decisorios para contribuir a obtener resultados positivos y adecuados a las personas dependientes.
- Mayor implicación del Consejo territorial y consenso entre las Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para facilitar la implantación de la ley.
Fuente: medicosypacientes.com
