Más madera. Manos Limpias prevé ampliar este lunes las denuncias presentadas ante el juzgado de guardia de Sevilla contra los máximos responsables de UGT en Andalucía; en concreto, el ex secretario general de la plataforma Manuel Pastrana y su sucesor, Francisco Fernández, por los presuntos delitos de «malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida», contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública, ante el uso «indebido» de fondos de formación. En la nueva querella, Manos Limpias hará hincapié en el pago de comidas con fondos procedentes de las ayudas a desempleados y los supuestos sobresueldos cobrados por altos cargos del sindicato en la comunidad.
Manos Limpias lleva al juzgado la «corrupción generalizada» del sindicato, solicitando como «medida cautelar» la «suspensión de la actividad de UGT-A». El denunciante cita «una serie de escándalos de corrupción en cadena», «desde los ERE, donde la jueza Mercedes Alaya ha llegado ya a la conclusión de fraude y financiación ilegal de UGT-A por más de ocho millones, pasando por el desvío de fondos a publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010». Según informó el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, a LA RAZÓN, la nueva denuncia será presentada el lunes y se centrará en el presunto pago de sobresueldos en 2011 y 2012 a la ejecutiva de UGT-A (de 400 a 450 euros al mes) como si fueran dietas y gastos de desplazamiento. Asimismo, se incluirá el pago de una comida con Cándido Méndez utilizando fondos de la concertación social.
En las querellas presentadas se incluye a «cuantas personas puedan resultar imputadas por las diligencias que se practiquen» al considerar que «UGT en Andalucía falseó facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados».
Por otra parte, según el sindicato, «UGT-A pagó con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento». La plataforma sindical presidida por Miguel Bernard especifica en la denuncia «el desvío de fondos finalistas para celadores sanitarios a la compra de pancartas» o para «publicidad» en radio y Prensa afín a UGT. «El dinero debería haberse destinado a un curso de formación para especializar a parados en el cuidado de enfermos de alzhéimer», indica el escrito.
Fuente: larazon.es
