El Consejo de Asuntos Comunitarios se ha reunido esta tarde en la Casa Solidaria. Una de las reivindicaciones que querían trasladar a la concejala del área, explica el presidente del órgano, es que el Ayuntamiento medie con la Junta o realice alguna declaración pública en apoyo de las reclamaciones de los dependientes para que no haya más recortes y supresión de ayudas.
Esta tarde se ha reunido en la Casa Solidaria el Consejo de Asuntos Comunitarios, órgano consultivo cuyas resoluciones no son vinculantes que aglutina a las asociaciones asistenciales que hay en Tarancón: AFAD (Alzheimer); ADEMTAC (Esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas); AFAMIT (discapacidad intelectual); Nueva Luz (personas con enfermedad mental) y ATARAL (rehabilitación de adicciones).
En el orden del día había diversos asuntos, entre ellos las preguntas que en la anterior reunión se hicieron a la concejala de Asuntos Sociales y Mujer, Ana Massó, sobre los problemas que tienen algunas personas para cobrar las ayudas del material ortoortopédico. Por otro lado, explica el presidente del Consejo, José Luis Martínez, también han solicitado a la edil, presente esta tarde, que detallara unas declaraciones que habría realizado en un medio de comunicación local sobre el importante gasto que suponía para el Ayuntamiento tener abierta la Casa Solidaria en cuanto a luz y calefacción. Martínez cuenta que en el edificio no solo hay asociaciones, también servicios municipales, por eso quieren saber a qué se refería la concejala cuando hizo esas observaciones de forma pública.
En la reunión del Consejo también se ha producido un largo debate sobre la Ley de la Dependencia. Los miembros de las asociaciones que estaban esta tarde presentes son discapacitados o familiares directos de personas con discapacidad. Coinciden en señalar que la citada norma está desapareciendo poco a poco "con decretos" de la Junta de Comunidades que redundan en recortes en la prestación en unos casos y en la supresión en otros por supuestas incompatibilidades con distintas ayudas. El presidente del Consejo de Asuntos Comunitarios ha pedido a la concejala que el Ayuntamiento haga algún tipo de gestión con la Junta, o declaración pública a través de una moción en el Pleno, aunque no sea su competencia, para que se solucione esta situación porque "a mucha gente le han recortado" lo que venía cobrando y a otra "le están rebajando la dependencia sin hacer revisiones", lo que consideran injusto e irreal porque "si baja es que ha mejorado" el enfermo, algo que aseguran no sucede en casos en los que los dependientes tenían reconocido un grado 3. En este sentido la presidenta de uno de los colectivos presentes lamentaba que se estuviera perjudicando sobre todo a los dependientes más profundos, algo que ha podido comprobar en primera persona.
Martínez también asegura conocer de primera mano varios casos en Tarancón cuya documentación ya ha trasladado a la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Explica que en esta zona hay muchas personas afectadas por los recortes en la citada norma, pero son reacias a hablar públicamente de sus casos. Pasar de un grado 3 a un 2 o a un 1 puede suponer una pérdida en las retribuciones de 200 a 70 euros, señala, mientras que al mes hacen gastos muy importantes en medicamentos, cremas y material sanitario que necesitan usar a diario, tienen un coste elevado y no están subvencionados por la Administración. Pone como ejemplo un aceite anti escaras, un bote de unos 50 mililitros puede costar cerca de 50 euros, "supone mucho dinero para un dependiente", cuenta Martínez.
Otro de los asuntos que se han tratado esta tarde ha sido el de las plazas de aparcamiento para discapacitados. Según los miembros del Consejo de Asuntos Comunitarios, hay pocas en Tarancón y las que existen no se respetan por los conductores. Han puesto el ejemplo de la Casa Solidaria, que tiene varias y estas son ocupadas con frecuencia por los vehículos incluso de personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Piden que la Policía Local sea más vigilante en este aspecto, una queja que la concejala se ha comprometido a transmitir a quien corresponda. Massó también ha explicado que se trata de una cuestión de educación vial y civismo e invita a las personas con discapacidad que tengan la tarjeta acreditativa que les permita apartar en las plazas reservadas a que llamen a los agentes cuando detecten irregularidades.
Desacuerdo
La concejala de Asuntos Sociales y Mujer no está de acuerdo con todo lo que expresa el presidente del Consejo de Asuntos Comunitarios con respecto a la Ley de la Dependencia. Aunque "a una persona dependiente es poco todo lo que se le dé", explica, niega que se haya quitado a alguien la prestación sin que antes se le haya hecho una valoración. De ser así, continua, el perjudicado "lo tiene facilísimo" porque puede acudir a los juzgados para reclamar. No obstante, la edil sí reconoce que en general a los dependientes se les "ha bajado los porcentajes a pagar" teniendo en cuenta "la información de muchos trabajadores" y que "los grados en la actualidad son un poco más severos", pero para garantizar la sostenibilidad económica de la ley. "El Ayuntamiento hace todo lo indecible" para atender a las personas que más lo necesitan a través de Servicios Sociales, aunque la normativa tiene carácter regional y ahora asegura que tienen que aplicar una ordenanza tipo que les viene dada para cobrar a los usuarios tasas por determinados servicios. Antes la aplicación de la Ley de la Dependencia "era muy fácil", señala Massó, porque se financiaba a los ayuntamientos en un cien por cien. Pero ahora, continúa explicando, la Junta solo se hace cargo de un 60%, lo que ha hecho que otros Consistorios renuncien a prestar el servicio.
Según los datos aportados por la concejala, el Ayuntamiento tiene algo más de 30.000 horas de Ayuda a Domicilio con un coste de 10,82 euros cada una para las arcas públicas.
Fuente: lasnoticiasdecuenca.es
