Con el título que «No se queden con las pagas extra de los ancianos en residencias» y dirigido a la Conselleria de Bienestar Social, una iniciativa por internet tiene ya recogidas más de 50.000 firmas. En menos de un mes alcanzó las 40.000. El copago impuesto por la Generalitat Valenciana en centros residenciales, ocupacionales y de día ha llevado a una mujer a emprender una campaña vía change.org. El impacto que está teniendo en la red es importante.
La impulsora encabeza su petición explicando que «robarles dos pagas que les quedaban, eso es lo que va a hacer la Conselleria de Bienestar Social con los ancianos dependientes de las residencias de la Comunidad. Hoy le ha tocado a mi madre, pero mañana puede ser la tuya». Su progenitora, de 88 años, tiene alzhéimer, lleva una década ingresada en un centro y cobra una pensión «mínima». «Hasta ahora la Conselleria se quedaba con doce de sus pagas para pagar la residencia. Con el poco dinero de sus dos pagas extra le comprábamos su ropita y los batidos de proteínas que necesita para comer, y que en la residencia no le incluyen», explica.
Con el nuevo copago -que entró en vigor el pasado mes de enero- se ha pasado a cobrar catorce cuotas mensuales, afirma la mujer, quien denuncia que «se quedan así íntegramente con las pensiones de todos los ancianos. ¿Quién les va a pagar la ropa, las cremas que necesiten, los productos que no les cubren? Mis hermanas y yo no tenemos dinero para hacerlo. Y estoy segura de que esto les pasa a muchas otras familias», añade en la petición realizada. Por todo ello pide firmas «urgentes para paralizar esta locura; por mi madre y todos los ancianos en su situación», finaliza.
El conflicto entre la Conselleria de Bienestar Social y los dependientes y discapacitados sigue sin solucionarse. La administración ha abierto una negociación con representantes del sector ante las críticas que recibió y para intentar minimizar el impacto económico del copago. Presentó una propuesta que suponía unas mejoras, que han sido estudiadas y desde el Cermi ya han remitido su contrapropuesta. Entre sus peticiones destaca la eliminación de las catorce cuotas y fijar un porcentaje máximo (del 70%) en la aportación de los discapacitados para costear el servicio.
Pese a estas negociaciones, las acciones de presión no cesan y la semana pasada se presentaron casi 6.000 quejas a la Sindicatura de Greuges. Las plataformas denunciaron que esta medida les aboca a la pobreza, en muchos caso, a la exclusión, y advirtieron de que ya hay usuarios que están saliendo de centros, por lo que solicitaron al Síndic que analice si el copago vulnera los derechos de los afectados.
Fuente: laverdad.es
