La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) y sus asociaciones territoriales como Aerte en la Comunidad Valenciana, han habilitado un espacio en la plataforma change.org para facilitar la recogida de firmas de la campaña destinada a exigir al Gobierno central y a los autonómicos el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia.
La campaña se abre a todos los ciudadanos para reclamar, a través de un manifiesto dirigido al Congreso de los Diputados, una resolución parlamentaria que obligue al Gobierno a dotar la partida presupuestaria suficiente que garantice el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a lasadministraciones públicas competentes en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la Ley de Dependencia. También se dirige al parlamento autonómico, con el objeto de que desarrolle propuestas para la adopción de las resoluciones que garantice el acceso a las prestaciones y servicios previstos. 500.000 firmas de apoyo a los dependientes. En un comunicado, la patronal de dependencia entiende que la crisis "no puede servir de excusa para que el colectivo de dependientes no esté siendo atendido tal como garantiza la propia Ley. Precisamente, la crisis debería ser la razón para hacer efectivo el apoyo a estas personas, mayores, enfermos y discapacitados en su mayoría".
Para lograr estas reivindicaciones, la campaña, ajena a cualquier consigna política, necesita recoger 500.000 firmas en toda España. Firmas que servirán de apoyo a las miles de personas afectadas que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación ya que sus expedientes están bloqueados por cuestiones presupuestarias: en España hay más 200.000 personas en esta situación, en la Comunidad Valenciana 11.000.
Desde la implantación en 2007 de la Ley de Dependencia, el número total de plazas en la Comunidad Valenciana financiadas con dinero público ha disminuido en más de 1.400 (alrededor de un 15%), pasando de 9.320 a 7.840 en junio de 2013. Mientras, según datos de la mima patronal, en la Comunidad Valenciana existen 5.000 plazas residenciales vacías. En España hay 60.000 plazas vacías.
Detrás de todos estos datos se encuentran personas a la espera de recibir su ayuda económica desde 2009, muchas de ellas con enfermedades como el Alzheimer y que residen o pasan gran parte de su día a día en centros o; casos de enfermos mentales tutelados por la administración que perciben los servicios profesionales específicos que necesitan en centros y que están sin cobrar desde 2011. También hay casos de personas que fallecen antes de que se les reconozca su derecho a percibir la asistencia básica necesaria o incluso que han tenido que salir de los centros al no poder soportar el pago de éstos por más tiempo ya que la administración no resuelve en los 6 meses de plazo máximo que la ley reconoce.
Fuente: Redacción Médica
