Las entidades cuestionan las valoraciones realizadas por la empresa TRAGSA, a la que la Comunidad de Madrid encargó parte del proceso, y las decisiones que posteriormente tomó la Consejería de Políticas Sociales. Ya han presentado más de cien recursos contenciosos administrativos y están terminando de redactar otros cincuenta. Las onegés afectadas se han unido en una nueva coordinadora del tercer sector.
La portavoz de la coordinadora, Valle Garrido, explica que uno de los problemas fundamentales ha sido la diferencia de criterios de la Direcciones de Área que recibían los expedientes a la hora de valorarlos. Un gran número de las onegés se quedaron sin subvención porque al rellenar el formulario, que era bastante confuso, marcaron con una equis el punto 4.2, cuando seguían leyendo se daban cuenta de que era un error, retrocedían para desmarcarlo pero el sistema no les dejaba.
"Esto, que no es más que un error administrativo", dice Valle Garrido, "se convirtió en un desastre cuando el informe llegó a las Direcciones de Área que son las que, finalmente, dan el visto bueno a las subvenciones. Si tenías suerte, quien revisaba tu expediente se daba cuenta de que era un error y seguía leyendo la memoria hasta el final y valoraban el proyecto. Si no la tenías, como nos ha pasado a muchas, tan pronto veían que tenías marcada esa casilla, metían tu informe en un cajón".
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