A partir de ahora, las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana y de Madrid dejarán de dispensar determinados medicamentos, pudiendo ser adquiridos por los pacientes directamente en los hospitales. Se trata de algunos fármacos prescritos para tratamientos hospitalarios de larga duración. Éste es el caso, entre otros, de ciertos tipos de cáncer o trasplantados.
No se duda de que con esta medida las administraciones sanitarias de estas dos comunidades autónomas han querido pensar en la seguridad de los pacientes y en la reducción del gasto farmacéutico. Y, sin duda, contribuirá a garantizar un correcto y adecuado seguimiento de la evolución de la enfermedad de los pacientes. Sin embargo, y a pesar de la bondad de la medida, ésta puede albergar ciertos elementos, cuando menos preocupantes para los pacientes, que es necesario tener en consideración.
Existiendo como existe en España una red de oficinas de farmacia perfectamente implantadas, obligar a los pacientes a acudir a un centro hospitalario en busca de la medicación que necesitan significa, en primer lugar, que van a tener que recorrer unas distancias considerablemente mayores que si tuvieran que ir a su farmacia. Desplazamientos que en el caso de las zonas rurales se ve incrementado por la no existencia de centros hospitalarios en todos los pueblos. Además, a la incomodidad de los desplazamientos hay que añadir la pérdida de tiempo y dinero que irremediablemente tienen asociada.
Siendo los anteriores elementos de suficiente entidad, pueden señalarse otros que inciden, además, en el propio equilibrio y salud mental de los pacientes. Un hospital es un lugar al que nadie quiere ir por propia voluntad, salvo en casos graves o extremos motivados por enfermedad o accidente. Si un paciente acostumbrado a adquirir la medicación que precisa en su oficina de farmacia ha de acudir a un hospital en busca de la misma, lo primero que ha de pensar es en el agravamiento de su enfermedad, lo cual le provocará, irremediablemente, estados de angustia y ansiedad. Además, se verá en inferioridad de condiciones para dirigirse directamente y preguntar abiertamente al facultativo las cuestiones que sí le demandaría a su farmacéutico de confianza.
Por lo tanto, las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, a la hora de implantar medidas como la que aquí se valora, deberían hacerlo con un exquisito cuidado y lograr que la indudable reducción del gasto farmacéutico que se le supone contribuya al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud sin incrementar el coste por desplazamiento que tendría que asumir el usuarios y, por supuesto, sin lesionar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.
Fuente: elglobal.net
