Durante años, la principal reivindicación de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha sido la atención integral a las consecuencias del Alzheimer. Una atención que, a juicio de CEAFA, requiere la integración sociosanitaria para que los y las pacientes de Alzheimer reciban los cuidados adaptados necesarios en tiempo y forma. Y para que las personas cuidadoras no se encuentren con un sistema lleno de obstáculos a la hora de reclamar los cuidados para su familiar y para ellas mismas.
Ese aspecto de la integración sociosanitaria, que tuvo eco durante algún tiempo, se ha visto cuestionado, separándose la necesidad de cuidados de la necesidad de atención sanitaria. Tal separación puede tener lógica en otros tipos de cuidados, pero en la dependencia la sanidad y los servicios sociales no son independientes. Por el contrario, ambos son complementarios y deben estar perfectamente sincronizados. Si el signo de los tiempos es que vayan separados, al menos, que estén perfectamente coordinados porque su descoordinación afecta a la calidad de unos cuidados a las personas dependientes que ya son notoriamente mejorables.
La crisis del COVID-19 ha venido a acelerar los cambios en la percepción de los cuidados que se proporcionan a las personas mayores, en general, en nuestro país y ha puesto de manifiesto la existencia de una discriminación real en base a la representación de éstos como una carga para el sistema. Tan evidente es esa discriminación que tiene un nombre propio: edadismo.
Estamos muy preocupados por el impacto de la COVID-19 entre los mayores y entre los más vulnerables de ellos, los mayores con dependencia y sus familiares cuidadores, pero la pandemia solo ha sacado a la luz un problema que ya existía y al que se ha ido dando largas: la situación de la dependencia en España, carente de la voluntad política necesaria para afrontar sus alarmantes consecuencias en las personas.
Si el edadismo es una etiqueta estigmatizante de la persona, la demencia y el Alzheimer amplían el estigma a todo el círculo familiar. Aunque no es privativo de los mayores de 65 años, la edad es la causa principal del Alzheimer, que afecta al 7% de las personas de más de 65 años y al 50% de las que tienen más de 85. Eso significa alrededor de 1.200.000 personas en nuestro país, al que debemos añadir a las personas cuidadoras como afectadas directas también ellas por las consecuencias de la enfermedad. Todo unido suma alrededor de 5.000.000 de personas afectadas en nuestro país (si consideramos una persona cuidadora por cada ocho horas de atención al paciente con Alzheimer).
Desde CEAFA instamos a las Administraciones a tomar la iniciativa para resolver un problema que ya no podemos obviar: el impacto de la dependencia y el Alzheimer en el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de un numeroso grupo de ciudadanos y, sobre todo, ciudadanas -el Alzheimer es una enfermedad en la que prevalece el género femenino tanto entre los pacientes como entre las personas cuidadoras-.
Por todo ello, CEAFA solicita:
- Impulsar y dotar presupuestariamente el Plan Nacional (Integral) de Alzheimer (PNA), que ya ha sido aprobado por los Consejos Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
- Crear un negociado específico de Servicios Sociales que, de forma transversal e integral, se ocupe de las consecuencias derivadas de la dependencia asociada al Alzheimer y las demencias en todos aquellos aspectos que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia deja fuera de su competencia
- Cumplir con los compromisos de financiación de la Ley de Dependencia
- Garantizar la coordinación real y eficiente de los sistemas públicos de atención social y sanitaria
- Incorporar a CEAFA en los procesos de toma de decisiones, a fin de integrar el vasto conocimiento y experiencia en dependencia de la Organización desde una perspectiva integral y transversal
