Entre abril de 2008 y septiembre de 2013, su madre vivió en una geriátrico público asturiano. En uno de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales que gestiona la red pública geriátrica. No tenía la madre de María Fernández propiedades. Solamente disponía de su pensión: 500 euros al mes de prestación de viudedad. Eso y una ayuda con cargo a la Ley de la Dependencia. La más alta, porque la madre entró en una residencia debido a su falta total de autonomía. «Le dieron el grado más alto, el III». Una ayuda que nunca entró en la cartilla de su madre, pero que, teóricamente, rozaba los 800 euros al mes. En unos años en los que el precio público de la plaza geriátrica no llegaba a los 1.400 euros al mes.
Con pensión y prestación, le dijeron a María en la residencia «que mi madre no estaba generando ninguna deuda. Que la Ley de la Dependencia cubría lo que le faltaba a ella de la pensión». No se lo dijeron una vez. «Fueron muchas. Ya desde el principio, porque mi madre no fue a una residencia hasta que no tuvo aprobada la ayuda de la Ley de la Dependencia». Hasta ese momento, María atendía a su madre, con demencia, en casa. Como a su marido, también gran dependiente. La valoradora que fue a analizar la situación de su madre fue contundente: «Me dijo que ella tenía que ir a una residencia. Que era mejor para ella y que yo no podía estar así, atendiendo a dos personas dependientes».
Todas las personas a las que consultó, incluso el personal de la residencia, la tranquilizaron. «Me decían que estuviera tranquila, que con la pensión de mi madre y con la ayuda a la que tenía derecho, se cubrían los gastos».
Y así lo creyó hasta un año después de la muerte de su madre. «Nos llegó una carta en la que el ERA nos reclamaba 50.000 euros. Casi me desmayo». Con un marido tan dependiente como su madre, María Fernández tenía poco margen de maniobra. «Fui con mi hijo a Oviedo (a la sede del ERA) para que nos explicaran qué había pasado. Nos dijeron que mi madre había generado esa deuda y que teníamos que pagar». Una cifra, 50.000 euros, que para las cuentas de María era una cantidad «inasumible». Por lo que decidió «renunciar a la herencia de mi madre. A ella jamás le tocamos lo que tenía en la cartilla: había 20.000 euros y eso fue lo que se quedó el Principado».
Un dinero el de su madre resultante «del porcentaje de la pensión que el ERA no utilizaba. Nosotros nunca tocamos nada de esa cartilla». Firmó la renuncia, pero nunca le salieron las cuentas. «Si mi madre aportaba la pensión y tenía la máxima ayuda a la dependencia, ¿de dónde generó 50.000 euros de deuda? No lo entiendo». Y menos ahora, cuando el propio Principado reconoce que las cuentas «no se hicieron bien. Que nos cobraron de más». No sabe María Fernández si ella es una de los casos revisados por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales «porque no nos dicen nada». Pero, si lo es, no sabe qué les va a responder. «¿Quién me devuelve la herencia de mi madre?».
Fuente: elcomercio.es
