«Si camina y come, no tiene derecho a ayuda, aunque sufra alzhéimer. Es muy duro, a las familias de los enfermos les cuesta mucho entenderlo, pero el baremo de la Ley de la Dependencia es así». Lo dicen los encargados de dar la cara -ante solicitantes y familiares- por una ley que consideran «histórica». Una consideración que no les impide reconocer que los sucesivos cambios, sobre todo la gran reforma aplicada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, «la han endurecido».
Lo dicen Rubén Castañón y Bernar Espinar, portavoces «a la fuerza» de los 37 profesionales, diplomados en Enfermería, Fisioterapia, Trabajo Social o Terapia Ocupacional, que conforman la plantilla de valoradores. Portavoces de los técnicos de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda encargados de visitar a cada solicitante de una ayuda por su falta de autonomía, evaluar su situación, certificar su grado de dependencia y proponer el servicio más adecuado. Incluso, en los últimos meses, son los encargados de calcular el copago e informatizar el expediente. Portavoces de los 37 que se acaban de enterar de que en enero pueden estar en la calle.
Porque, tal y como adelantó EL COMERCIO, la Consejería de Hacienda y Sector Público decidió incluir los 37 puestos de valorador -ocupados desde 2007 por personal contratado tras superar un examen- en el concurso de traslados. O lo que es lo mismo, destinar las plazas a que funcionarios de otras áreas mejoren su situación ocupándolas. Lo hizo a pesar del rechazo de todos.
Legal, pero inapropiado
Función Pública, que firma el concurso de traslados, lo hizo en contra de los sindicatos UGT y CC OO. Ambas centrales no dudan de la legalidad del concurso «porque son plazas temporales», pero defienden la «singularidad» de estos puestos y ya advirtieron del vacío en la aplicación de la ley que se producirá entre la marcha de los 37 profesionales y la llegada de los nuevos.
«Todos se mojan por el ELA, pero esos casos no podrán esperar tantos meses sin valoraciones»
«Este no es un trabajo cómodo: debemos recorrer toda Asturias llueva, nieve o haga sol»
Necesitarán un mínimo de cuatro meses para formarse en una ley «compleja». Tanto que, en 2007, el Principado tuvo que invertir 30.000 euros en la formación inicial de este equipo ahora a punto de disolverse. Formación que continuó cada año y que seguirá el próximo mes de noviembre en un curso específico para estos 37 profesionales que perderán su puesto antes de terminarlo. Por ello, tanto UGT como CC OO destacan lo «inapropiado del momento y las formas» de deshacerse de este colectivo eventual.
Lo hizo también, Función Pública, en contra de las 'jefas' de los valoradores, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, y la directora general de Dependencia, Paula Álvarez. Ambas se encontraron, a la vuelta de sus vacaciones, con una resolución de la Dirección de Función Pública que intentaron frenar. El 29 de agosto creyeron que lo habían conseguido, pero el 5 de septiembre el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las sacó de su error.
Ahora, son los grupos en la oposición en la Junta -Foro, PP, IU y UPyD- los que intentan, con iniciativas parlamentarias, parar lo que, en palabras de la diputada Noemí Martín, «es un gol de Hacienda a Bienestar». Porque Martín tiene la experiencia de haber ocupado el puesto de Esther Díaz «y, como todas las consejeras que ha habido de Bienestar, hemos tenido que pelear para que Función Pública no incluyera esas plazas en el concurso de traslados».
Legal, pero inapropiado
Función Pública, que firma el concurso de traslados, lo hizo en contra de los sindicatos UGT y CC OO. Ambas centrales no dudan de la legalidad del concurso «porque son plazas temporales», pero defienden la «singularidad» de estos puestos y ya advirtieron del vacío en la aplicación de la ley que se producirá entre la marcha de los 37 profesionales y la llegada de los nuevos.
Necesitarán un mínimo de cuatro meses para formarse en una ley «compleja». Tanto que, en 2007, el Principado tuvo que invertir 30.000 euros en la formación inicial de este equipo ahora a punto de disolverse. Formación que continuó cada año y que seguirá el próximo mes de noviembre en un curso específico para estos 37 profesionales que perderán su puesto antes de terminarlo. Por ello, tanto UGT como CC OO destacan lo «inapropiado del momento y las formas» de deshacerse de este colectivo eventual.
Lo hizo también, Función Pública, en contra de las 'jefas' de los valoradores, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, y la directora general de Dependencia, Paula Álvarez. Ambas se encontraron, a la vuelta de sus vacaciones, con una resolución de la Dirección de Función Pública que intentaron frenar. El 29 de agosto creyeron que lo habían conseguido, pero el 5 de septiembre el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las sacó de su error.
Ahora, son los grupos en la oposición en la Junta -Foro, PP, IU y UPyD- los que intentan, con iniciativas parlamentarias, parar lo que, en palabras de la diputada Noemí Martín, «es un gol de Hacienda a Bienestar». Porque Martín tiene la experiencia de haber ocupado el puesto de Esther Díaz «y, como todas las consejeras que ha habido de Bienestar, hemos tenido que pelear para que Función Pública no incluyera esas plazas en el concurso de traslados».
«No somos enchufados»
Una defensa que no llega, como aseguran los afectados, «porque seamos unos enchufados», ya que, recuerdan, «tuvimos que realizar un examen». Ellos mismos han defendido «siempre que las plazas se crearan con una oposición». Llega la defensa de sindicatos y grupos políticos de todos los colores, «porque saben que la Ley de la Dependencia se paralizará en Asturias mientras los nuevos valoradores se forman».
Un proceso que «llevará meses», porque «el baremo es muy difícil». Recuerdan que «cuando alguien viene a una sustitución temporal, se marcha sin saber aplicarlo y, desde luego, sin hacer una visita sin compañía de uno de nosotros». Explican que «no hablamos de un trabajo cómodo de despacho: debemos recorrer toda Asturias, llueva, nieve o haga sol» para visitar en sus domicilios a los aspirantes a una ayuda.
Señalan la dureza de algunas situaciones, «como los casos de ELA. Todos se mojan ahora por esa enfermedad, pero se trata de casos que no pueden esperar meses sin que haya valoraciones». Confían, ahora, en la presión de la Junta sobre el Gobierno porque, saben que «todo es cuestión de voluntad política: si quieren o no salvar la Ley de la Dependencia».
Fuente: elcomercio.es
