Ya lo he escrito más de una vez. Fue un error programar la llamada "ley de dependencia" sin una memoria económica rigurosa, pensando que el ciclo económico álgido duraría otra década más, e infraestimando el número de solicitudes. El resultado directo es que existen varios cientos de miles de personas en España a espera de dictamen sobre su dependencia o con derecho ya reconocido, pero pendiente de ejecución; y que la modalidad de prestación económica que contemplaba la ley ha pasado a ser la modalidad de atención dominante: le cuesta casi tres veces menos a la administración que las plazas de residencia y permite mantener flujos de ingresos en hogares con sus miembros en paro o que se les ha acabado el subsidio de paro. Los datos para Galicia se enmarcan en esta descripción general. Somos algo más lentos que la media en la generación de dictámenes, pero no en su traducción en prestaciones.
Teniendo en cuenta las restricciones financieras presentes, lo más razonable sería abrir un debate sobre la necesaria reprogramación del calendario desde una perspectiva realista, dando prioridad a la gran dependencia y retrasando la atención a los dependientes moderados. Hay que evitar la dispersión de criterios y los agravios comparativos entre individuos dentro de cada Comunidad, y entre individuos que residen en Comunidades autónomas diferentes
Es verdad que las tensiones territoriales en estos momentos hacen difícil ocuparse de lo demás y alcanzar consensos multilaterales. Pero nos vendría muy bien una conferencia de presidentes en la que se hablase sobre sanidad, en la línea que proponía el domingo pasado en las páginas de Faro de Vigo, y sobre la reprogramación de la aplicación de la ley de dependencia.
Fuente: farodevigo.es
