Más de 30.000 personas han solicitado en Canarias acogerse a la ayuda de la Ley de Atención a la Dependencia, de las que sólo 7.674 -en su mayoría personas con discapacidad severa- reciben alguna prestación, ya sea a través de una paga para costear el cuidado en el entorno familiar (4.290 personas) o una ayuda económica ligada a un servicio residencial o centro de día (3.386). Para el resto la Ley no ha traído, de momento, una solución.
La Consejería de Bienestar Social justifica sus malos resultados en la falta de fondos aportados por el Gobierno central y a la propia dinámica de la normativa, que impone su desarrollo por fases, dando prioridad a los enfermos más graves.
La Ley establece tres grados de dependencia: los moderados, personas que necesitan apoyo para realizar actividades elementales de la vida diaria, al menos una vez al día. En el nivel II, o de dependencia severa, se encuentran personas que precisan ayuda para realizar actividades básicas cotidianas dos o tres veces al día, pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador. Y por último, el tercer grado, que incluye a personas que por su pérdida de autonomía, necesitan el apoyo continuo de otra persona.
"Las familias nos hacemos cargo de estas personas, muchas veces sin medios y sin fuerzas", confiesa en Guanarteme Guillermina Santana, de 68 años, que cuida de su hermana nueve años mayor y con demencia senil. "Mi sobrino hizo los trámites el año pasado para que nos den una ayuda, nos la han valorado en el nivel II, y ahora estamos esperando, pero no sabemos por cuánto tiempo", confiesa preocupada.
Según la Administración, en este tiempo se han realizado 29.000 resoluciones, de las cuales, el 40 por ciento se trata de personas con grado de dependencia diagnosticado que están en lista de espera. "El resto", informan, "ya recibe un servicio, que muchos de ellos ya percibían a través de los planes sociosanitarios de Canarias: La Atención a Personas Mayores y de Atención a la Discapacidad", que puede ser, teleasistencia, ayuda a domicilio (más de 17.000 personas) y prevención (unas 10.000 personas), según datos de la Consejería autonómica
Para Antonio Arbelo, de la Plataforma de Salud Mental de Las Palmas de Gran Canaria, nada de esto tiene fundamento, y se queja de que no se están aplicando los plazos debido a que la ley no termina de absorber a los dependientes severos; "es la cola del camión, que cuando por fin se retire será cuando se vea que es kilométrica". Arbelo sostiene que hay una " total falta disposición y de ganas" por parte del Gobierno de aplicar la legislación. Ahora, encima, la crisis se nos ha echado encima, "pero en época de bonanza", recuerda, "tampoco se hizo un esfuerzo para hacer más residencias públicas o centros de día para estas personas", afirma.
Todo este proceso de instancias, entrevistas, papeleo y esperas resulta excesivamente largo para todos. Tras la presentación de la solicitud de ayuda, que se puede presentar en cualquier administración del Gobierno, cabildos o correo, los trabajadores sociales son los encargados de ir a las casas y valorar el grado de dependencia de las personas que solicitan un recurso. Los técnicos evalúan actividades como beber o comer, regular la micción, lavarse, vestirse, la orientación para desplazarse por casa o en la calle, o si tiene capacidad de adoptar o no decisiones. Aparte se estiman ingresos y patrimonio del enfermo, lo que determinará la entrada o no en el sistema.
La portavoz de la Plataforma de Apoyo a Personas Dependientes Nuestro Derecho, Gisela Rivero Marrero, afirma que "no se ha avanzado nada por culpa de la incompetencia del Gobierno". "Se está tardando alrededor de dos años desde el primer papel para todo el proceso". Además, añade "que se hacen valoraciones que no corresponden". Así por ejemplo, explica, que "a una persona con autismo no le dan el máximo nivel si él sólo puede tomar un vaso y beber, pero no se tiene en cuenta que el autista es incapaz de discernir si es agua o lejía", razona.
Gisela enumera casos de personas, por ejemplo con parálisis cerebral, que tienen concedido un centro de día, "y ya por eso no le dan más ayuda", afirma. "Otras que por su nivel de discapacidad entran en la opción de tener plaza en un centro, son desalentadas por algunos trabajadores sociales, quienes presionan a la familia para que opten por la paga", afirma, ya que les advierten que "sino te vas a quedar sin nada porque las listas de espera son largas y el sistema ya está totalmente colapsado", desvela.
Canarias cuenta con 53 centros para mayores en los que se atiende a unas 10.000 personas, y 127 centros para personas con discapacidad, en los que se presta atención a 4.700 personas, según la consejería de Inés Rojas.
Frente al desánimo de muchas familias, la ley prevé la posibilidad de acudir a los tribunales si el calendario previsto no se cumple, "pero ir a los tribunales es caro y la esperanza de vida de muchos ancianos dependientes se agotaría antes de ir a juicio", lamentan.
ALZHEIMER. Tita Gil preside la Asociación de Alzheimer Canarias, una sociedad privada que atiende a 115 personas diarias, la mayoría dependientes severos que no reciben ayuda del Gobierno. Este centro percibe una financiación de la Administración y también de otras entidades, "por lo que el Gobierno considera que ya con esto ha cumplido con nosotros y con los pacientes", señala. "Este es un centro caro para muchas familias, se paga 460 euros por desayuno, almuerzo y el transporte; además de prestar una atención especializada con un equipo de profesionales que cuidan, miman y estimulan con ejercicios físicos y mentales a nuestros enfermos".
Gil advierte que la capital grancanaria "sólo cuenta con dos centros públicos que atienden a pacientes con Alhzeimer; uno es el de El Pino y otro que hay en La Isleta". "Pero en estos centros sólo se acoge a los enfermos leves, sin demasiadas complicaciones".
Para Tita Gil, "el desencuentro surge porque desde que nació la Ley de 2007, el Gobierno destina el dinero de la Dependencia que llega de Madrid al plan sociosanitario canario, de ahí que no llegue para hacer nuevas plazas públicas que den un respiro a las familias".
Además, deplora que en la actualidad sea la paga a la familia la que prime por encima de la prestación de servicios, "porque le sale más barato a la Administración", pese a que esto va en contra del espíritu de la Ley.
Según datos de Bienestar Social, en 2009, el Estado aportó un total de 31.643.871 euros, mientras que Canarias participó con 132.436.411 euros; es decir, "de cada 100 euros, Madrid contribuyó con un 20 por ciento, mientras que la financiación de Canarias fue del 80 por ciento", mantiene la Consejería.
Las quejas contra la Administración son continuas y extendidas entre los familiares que tienen algún enfermo dependiente a su cargo. Ana María Talavera lleva un lustro cuidando a su madre, de 81 años, y enferma de Alzheimer. "Por la mañana, la baño, la visto y la ayudo en las necesidades básicas, hasta que a las 8.30 horas acude al centro concertado de día de Fátima, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta las 17.00 horas", explica con detalle. "Además pagamos entre a una señora 400 euros al mes por estar con ella tres horas diarias por las tardes de lunes a viernes. Los fines de semana, nos turnamos los hijos".
Talavera confiesa, indignada, que inició los trámites en 2007, poco después de ponerse en marcha la Ley, y que aún espera que la Administración incluya a su madre como dependiente. "La lentitud es pasmosa, al principio nos dijeron que no alcanzaba el nivel exigido. En 2009 le hicieron una segunda valoración y aumentó un grado por la evolución de la enfermedad y todavía hoy sigo esperando una respuesta", concluye. En cualquier caso, "lo peor nunca es la familia", interviene Tita Gil, "sino el deterioro que le causa a los mayores permanecer fuera del sistema sin recibir atención profesional".
Una gran mayoría coincide en que es una buena Ley con las mejores intenciones. Pero lo importante es que se aplique y no se pierda por el camino.
Fuente: laprovincia.es
