Los derechos y garantías de los pacientes atendidos en las urgencias hospitalarias han sido recogidos por la Defensora del Pueblo y los defensores autonómicos a través del estudio “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, un examen de la realidad de este servicio y su impacto sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según las cifras que aporta el informe, seis de cada diez ingresos hospitalarios pertenecen a pacientes de urgencias y el pasado año 2012 se llevaron a cabo 26 millones de atenciones de este tipo. Cifra que en la práctica diaria ha de enfrentarse a diversos problemas, tales como la saturación en los servicios y la consecuente situación de estrés acarreada en los profesionales o el reto de hacer frente a la cronicidad, primer motivo de demanda asistencial en España que se ha incrementado en los últimos años.
En este contexto, el documento recoge las principales expectativas de los ciudadanos con respecto a la atención de urgencia. Mayor personalización en la atención, información, intimidad y confort son algunos de los puntos a mejorar desde la óptica del afectado. Situaciones como la permanencia en camillas y pasillos, el fallecimiento de pacientes ante la presencia de otros y exposición de datos personales en lugares “inadecuados”, así como su transmisión atentan contra la dignidad e intimidad de los usuarios y copan las quejas que estos presentan. Críticas para las que se proponen medidas resolutivas que pasan por implantar medios de aislamiento visual y auditivo o por promover la sensibilización y la formación de los profesionales sobre confidencialidad. Con respecto a la saturación del centro, los autores creen necesario promover la gestión de altas tempranas y potenciar medidas alternativas a la hospitalización convencional. Además, apuestan por la necesidad de adaptar la disponibilidad de medios humanos a la demanda propia de los servicios de urgencias, reforzando el equipo en las horas con porcentajes más altos.
Especial relevancia merecen aquellas personas que se encuentran en fase terminal, con respecto a las cuales se encuentra un criterio unánime sobre el hecho de que su atención no debería prestarse en los servicios de urgencias sino en unidades de cuidados paliativos o a través de una atención domiciliaria que garantice y preserve el duelo de familiares y allegados.
Los especialistas reclaman por otra parte una continuidad asistencial para los inmigrantes en situación irregular que “no siempre está garantizada” y la atención prioritaria con acompañamiento de familiares en el caso de “personas en situación de fragilidad, especialmente con trastornos cognitivos, enfermedad mental o discapacidad grave”. Se solicita asimismo la inclusión de protocolos específicos reservados a otros pacientes especialmente vulnerables o con riesgo de exclusión social o de maltrato.
Fuente: estusanidad.com
