Cinco comunidades autónomas suspenden en su desarrollo de la Ley de Dependencia, Canarias, Valencia, Asturias, Madrid y Baleares, que no alcanzan el 5 sobre 10 (todas ellas estaban por debajo del aprobado en la anterior evaluación, pero Asturias tenía un notable hace dos años).
En la línea del aprobado se sitúan Extremadura, Galicia y Murcia, mientras que sobresalen las dos Castillas, País Vasco, Aragón y La Rioja (siempre las primeras de la clase).
El último informe semestral del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales constata algunos cambios preocupantes. Por ejemplo, la caída en picado de las notas asturianas o la tendencia a la baja
de Andalucía, que siempre estuvo entre las más destacadas.
“Los datos de Asturias son incontestables; está por debajo de la media nacional en las solicitudes de los ciudadanos, en las evaluaciones que se les hacen y en los beneficiarios atendidos. Este parón se debe, a nuestro entender, a que la ley se está gestionando desde la comunidad, no desde los servicios sociales municipales.
Al principio fue bien, pero cuando crece el volumen de personas a atender, el sistema se atasca”, explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez Navarro.
El Observatorio de la Dependencia de esta asociación evalúa a las comunidades atendiendo a varios criterios, entre ellos el número de personas atendidas o en lista de espera, las solicitudes recibidas, la coordinación con los Ayuntamientos y el apoyo que estos reciben, la redacción de nuevas leyes de servicios sociales o la innovación y buenas prácticas. Siguiendo estos indicadores, Andalucía, siempre entre las mejores, lleva dos evaluaciones bajando su nota “porque su lista de espera, es decir, las personas que tienen derecho a una ayuda pero aún no la reciben, está subiendo. A pesar de ello, mantiene un notable”.
Respecto a las comunidades que suspenden, Ramírez Navarro opina que “están privando a sus ciudadanos de los derechos de esta ley”, aunque destaca cierto avance en la Comunidad de Madrid, “debido al tirón de los meses anteriores a las elecciones:
han incorporado más usuarios y rebajado, por tanto, la lista de espera”. Sin embargo, no alcanzan el aprobado.
La valoración general del desarrollo de la ley es aceptable para la asociación, “porque se comprueba que mejora con el tiempo, ya se atiende a más de 700.000 personas, si bien ha habido una ralentización desde julio del año pasado [cuando Zapatero presentó
sus medidas anticrisis]”, dicen.
“Y no puede tolerarse que haya más de 300.000 personas con derecho a una ayuda que no la están percibiendo. En ese limbo de la dependencia se han integrado los dependientes moderados, que deberían haber recibido sus ayudas a lo largo de este años. Las comunidades que han proclamado su insumisión respecto a la inclusión en el sistema de los dependientes leves deben saber que es un incumplimiento grave del calendario de la ley”, critica Ramírez Navarro. “Si, malinterpretando la ley, se han dado seis meses de plazo, estos ya se han cumplido y los dependientes leves siguen esperando”, añade. Para la asociación, es preocupante también el desequilibrio que persiste entre las prestaciones económicas y los servicios. Más del 54% de las ayudas otorgadas son económicas, mientras que la ley establece la preferencia por los servicios, es decir, plazas de residencias, centros de día, que son los que generan empleo. Varios factoresinfluyen en ese desequilibrio: las ayudas económicas son más baratas para las Administraciones, no siempre hay servicios disponibles o bien ubicados y los ciudadanos han inclinado esta balanza al elegir que los cuiden en casa.
Otro de los indicadores a partir de los cuales se pone nota a las comunidades (los nuevos consejeros podrán saber de dónde parten) es el desarrollo de nuevas leyes de servicios sociales. Hay comunidades que no las han redactado aún y, por tanto, solo las personas calificadas como dependientes tienen su derecho a una ayuda garantizado por ley, mientras que el resto de usuarios de los servicios sociales están al albur de la disponibilidad presupuestaria o de la mejor o peor gestión política.
Por último, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales critica la “falta de transparencia” que todavía lastra las cifras oficiales que se ofrecen. “La ley establece una evaluación de la misma al tercer año de su implantación y seguimos, el cuarto ya,
sin tenerla. La planificación, por tanto, se está haciendo a ciegas.
Tampoco se han incorporado nuevos datos que se aprobaron en consejo territorial, entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades.
